La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) alertó que las actuales normas de protección de datos personales, aunque esenciales para la privacidad de los usuarios, están generando dificultades para que los bancos puedan combatir el fraude financiero de manera efectiva.
Según declaraciones de Giovanni Pichling, gerente de Seguridad Estratégica de Asbanc, el crimen organizado está encontrando en estas restricciones un terreno propicio para operar, aprovechando la imposibilidad de compartir información sensible entre entidades financieras.
Las limitaciones legales, que incluyen la protección de datos personales, el secreto bancario y la neutralidad en la red, impiden que los bancos, cajas y otras instituciones del sistema financiero compartan datos relevantes para detectar y prevenir delitos.
De acuerdo con Pichling, estas regulaciones, si bien protegen la confidencialidad del usuario, pueden ser utilizadas por los defraudadores para moverse entre entidades sin ser detectados. Una de las principales consecuencias es la dificultad para alertar de manera oportuna a todo el sistema sobre casos de suplantación o fraude.
La fragmentación normativa y los retos para la seguridad financiera
La regulación en el sistema financiero peruano está a cargo de diversas entidades. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) regula las instituciones financieras, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) supervisa los medios de pago y el Congreso genera normativas nacionales.
Esta multiplicidad de actores, según Asbanc, genera un marco legal fragmentado que dificulta la cooperación entre bancos y la respuesta coordinada ante amenazas cibernéticas.
Pichling señaló que, aunque existen espacios de coordinación internacional como la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), donde Perú ha participado durante décadas, la velocidad de los delitos digitales exige mecanismos de comunicación más ágiles y automatizados.
Durante su presentación en el Seminario Internacional de Microfinanzas - SIM Ica 2026, el portavoz delató que falta de integración normativa y la ausencia de excepciones específicas para combatir el fraude digital limitan la efectividad de las estrategias de prevención.
Compartir información, una estrategia pendiente
Para Asbanc, compartir información entre entidades financieras resulta esencial en la lucha contra el fraude y el cibercrimen. Sin embargo, las actuales normativas impiden que los bancos alerten de manera preventiva a otras entidades sobre incidentes de suplantación o ataques informáticos.
Pichling comparó la necesidad de excepciones normativas con la actuación de los bomberos, quienes pueden ingresar a una vivienda durante una emergencia para proteger vidas y bienes.
“Así como los bomberos pueden ingresar a una vivienda durante un incendio porque hay una emergencia y un bien mayor en riesgo, debería permitirse que los bancos compartan datos personales en situaciones de fraude para evitar que una persona suplantada en una entidad sea víctima en otra”, dijo.
En la actualidad, un cliente suplantado en una entidad podría ser víctima nuevamente en otro banco, ya que no existe un canal formal y legal para alertar sobre estos casos al resto del sistema.
La asociación bancaria propuso que el marco legal contemple excepciones que permitan el intercambio de información en situaciones de emergencia, siempre bajo mecanismos controlados y auditables.
El desafío de la educación y la prevención
Junto con la necesidad de ajustes normativos, Asbanc remarcó la importancia de fortalecer la educación y la cultura de prevención entre los usuarios y el personal de las entidades financieras.
Según Pichling, la tecnología, incluida la inteligencia artificial, es neutral y su impacto depende del uso que le den las personas. La capacitación continua y la concienciación sobre las amenazas digitales son elementos centrales para reducir riesgos y fortalecer la seguridad del sistema financiero.
Asbanc reiteró que la cooperación, la actualización normativa y la educación son pilares para enfrentar el avance del crimen organizado en el entorno digital, en un contexto donde los delitos evolucionan a la par de la tecnología y la protección de los usuarios exige nuevas respuestas.
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