La renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ocurrida tras los graves problemas logísticos durante la primera vuelta electoral del 12 de abril, abrió la puerta a la posibilidad de que el exfuncionario sea objeto de medidas restrictivas de libertad, en un contexto donde la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú evalúan acciones legales en su contra que podrían derivar en una detención. La decisión de Corvetto, expresada en una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera, se sustentó en que su continuidad al frente del organismo no contribuiría a la estabilidad del proceso ni a la confianza ciudadana en el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.
Corvetto formalizó su salida tras los incidentes que afectaron a aproximadamente 63.000 electores, quienes no pudieron votar por la falta de instalación de 211 mesas a nivel nacional. Estos hechos motivaron una denuncia penal interpuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra Corvetto y cuatro funcionarios, a quienes se les atribuyen presuntos delitos contra el derecho de sufragio y omisión de funciones. El Ministerio Público ya investiga estos hechos, mientras que el propio Corvetto permanece involucrado en el proceso en calidad de testigo y bajo medidas restrictivas dispuestas por la Policía Nacional del Perú.
Según datos proporcionados por el procurador público del JNE, Ronald Angulo, la responsabilidad penal que se evalúa está sustentada en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la ONPE y el artículo 182 de la Constitución, que imponen obligaciones directas de gestión y supervisión al titular del organismo.
En el presente escenario, la abogada penalista Romy Chang indicó a Panamericana Televisión que Corvetto es plenamente consciente de que “para que proceda cualquier tipo de medida de restricción, es necesario que la fiscalía prevea un riesgo de fuga o un riesgo de obstaculización”. Según Chang, las acciones del exjefe de la ONPE para entregar su pasaporte y autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones buscan neutralizar esos riesgos y dificultar que el Ministerio Público encuentre fundamentos suficientes para solicitar su detención preventiva.
Fiscalía evalúa pedido de detención preliminar contra Corvetto
El fiscal de la Nación Tomás Gálvez confirmó a Exitosa que la Policía Nacional del Perú había solicitado la detención preliminar de Corvetto por las fallas en las recientes elecciones. Aclaró que mientras la fiscalía no formalice el pedido ante el Poder Judicial, “todavía no hay nada”. Gálvez precisó que el requerimiento policial estaba en evaluación y que, a más tardar, sería presentado a un juzgado en las siguientes horas si se encontraban los elementos suficientes.
La Policía Nacional del Perú también solicitó medidas similares para otros funcionarios de la ONPE investigados, y ya había dispuesto medidas de restricción, como la vigilancia para evitar una eventual fuga del país de los involucrados. El teniente general Manuel Lozada Morales, director nacional de Investigación Criminal, instruyó a sus subordinados para anticipar cualquier intento de evasión por parte de los investigados.
El día que Corvetto acudió a la Fiscalía Anticorrupción para entregar su pasaporte, Gálvez afirmó que no existía una orden que dispusiera su detención inmediata y que cualquier solicitud futura dependería de los avances de la investigación y del análisis de los fiscales a cargo.
Una intervención judicial o detención preventiva en casos de presuntos delitos funcionales requiere que la fiscalía acredite riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso, explicó Romy Chang. La letrada enfatizó que la detención preliminar es viable si se justifica la necesidad de proteger elementos de prueba o evitar que el investigado obstaculice la actuación del Ministerio Público, y añadió que en ausencia de flagrancia, estas medidas solo pueden dictarse si se cumplen los estrictos requisitos de la ley.
JNE denuncia penalmente a Corvetto por presuntas irregularidades en el proceso electoral
La procuraduría del JNE denunció penalmente a Corvetto y su equipo directo por haber permitido, según el documento oficial citado por RPP, la afectación del derecho al voto de 63.000 ciudadanos por incumplimiento en la entrega de materiales en 211 mesas de sufragio. El escrito imputa tres delitos: contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y obstaculización del acto electoral.
El procurador Ronald Angulo señaló que la investigación debe determinar si la ONPE y la empresa Gálaga —responsable de la distribución— pudieron prever los incumplimientos o si incurrieron en negligencia, aclarando que los representantes de esta compañía también fueron denunciados como coautores eventuales. El experto electoral Jorge Jáuregui sostuvo en Canal N que el proceso global se desarrolló con normalidad al haberse instalado el 99,8% de las mesas pese a los incidentes, una cifra superior incluso al promedio histórico.
Chang, por su parte, remarcó que la investigación penal debe centrarse en diferenciar la actuación dolosa de la impericia administrativa, pues la ley penal exige la existencia de dolo o grave negligencia para justificar una sanción más severa.
Gestos de colaboración de Corvetto buscarían evitar detención preliminar
En respuesta a la investigación penal y a las acciones preventivas policiales, Corvetto comunicó al Ministerio Público su decisión de autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y de entregar su pasaporte vigente para facilitar el desarrollo de las diligencias. Solicitó, además, que su declaración testimonial sea reprogramada para poder cumplir con la entrega de resultados oficiales al Jurado Nacional de Elecciones.
Este gesto fue evaluado por Romy Chang como una estrategia para minimizar cualquier argumento fiscal relacionado con el riesgo de fuga. La penalista enfatizó que “con estos gestos, justamente él está buscando reducir esos riesgos para que la fiscalía no tenga argumentos y, por tanto, él no pierda en ningún caso su libertad“, según sus declaraciones.
Chang recordó que la detención preliminar solo puede dictarse por un plazo máximo de diez días y requiere que se demuestren riesgos procesales. Sin la existencia de flagrancia —circunstancia descartada debido al transcurso del tiempo desde los hechos— las medidas cautelares adoptadas por el Ministerio Público deben limitarse estrictamente a la legalidad vigente. La abogada también sugirió que el Ministerio Público podría aguardar la resolución administrativa de la Junta Nacional de Justicia sobre la situación laboral de Corvetto, puesto que la suspensión o separación debilitaría su arraigo y ofrecería más elementos para una eventual medida restrictiva.
En paralelo, la ONPE oficializó la remoción del gerente de Gestión Electoral, reemplazado de manera provisional tras admitir su responsabilidad en los retrasos. Mientras tanto, el Congreso ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia que considere la suspensión o remoción temporal de Corvetto mientras se esclarecen los hechos, con el objetivo de asegurar la transparencia en el proceso electoral en curso.
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