Petroperú: Ejecutivo evalúa ahora un financiamiento “acotado y con condiciones” para la estatal, ¿qué significa?

El premier Luis Arroyo sostuvo ante el Congreso que la intervención en Petroperú busca garantizar el abastecimiento de combustibles sin comprometer la estabilidad fiscal

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El premier Luis Arroyo asegura que la medida busca proteger la seguridad energética y la estabilidad de las finanzas públicas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aseguró que el Poder Ejecutivo evalúa otorgar un financiamiento “estrictamente acotado y condicionado” a la petrolera estatal Petroperú para evitar un desabastecimiento crítico en el mercado de los combustibles.

Durante el pedido del voto de confianza ante el Congreso de la República, el premier dijo que la medida -que representaría un nuevo préstamo con aval del Estado- se cumple bajo el amparo del decreto supremo 010-2025, y que no se trata de una “privatización”, como aseguran especialistas del sector y trabajadores de la compañía.

¿Petroperú recibirá nuevo aval por parte del Estado?

Luis Arroyo afirmó que el Gobierno del presidente José María Balcázar prioriza la seguridad energética nacional, ”pero sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas".

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“Este apoyo no constituye un salvataje irrestricto, sino una medida excepcional de reestructuración para cubrir necesidades críticas de operación, bajo controles de caja rigurosos, supervisión permanente y metas verificables de desempeño”, indicó el presidente del Consejo de Ministros.

El decreto supremo 010-2025 establece controles estrictos y reformas internas en Petroperú como condición para recibir apoyo financiero estatal, según Arroyo.
El decreto supremo 010-2025 establece controles estrictos y reformas internas en Petroperú como condición para recibir apoyo financiero estatal, según Arroyo.

El jefe del gabinete sostuvo que Petroperú está obligada a aplicar medidas inmediatas de ajuste, reducción de costos, priorización de operaciones rentables y disposición de activos no estratégicos.

Además, insistió en que la empresa debe promover la participación de capital privado para mejorar la eficiencia en la gestión y reducir la exposición fiscal del Estado.

“El Estado no puede ni debe asumir indefinidamente los costos de una gestión insostenible [...] Reafirmamos que Petroperú no se privatizará”, agregó Arroyo durante su intervención parlamentaria.

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Refinería de Talara limita operaciones y suben los precios

Actualmente, la refinería de Talara opera solo al 60% de su capacidad por falta de liquidez, lo que impide aprovechar el margen internacional de refino, que llegó a 50 dólares por barril en el mundo.

Sin embargo, el respaldo financiero que estudia el Ejecutivo se produce en un contexto en el que Petroperú está cerca del umbral legal de insolvencia, con un ratio patrimonial de 55%.

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La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia que respalda la reestructuración de Petroperú.

El sindicato administrativo STAPP advierte que más endeudamiento promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo posterga el problema de fondo y sostiene que la empresa necesita un rescate directo de capital.

En los últimos meses, se manejó la posibilidad de un auxilio estatal de hasta 2.000 millones de dólares, aunque la urgencia actual es conseguir 500 millones de soles para compras inmediatas de crudo, según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

La privatización de Petroperú sigue en marcha

Mientras se espera que ProInversión tenga listo para junio o julio el plan con los primeros activos a ser escindidos de Petroperú, el Tribunal Constitucional avanza con la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 010-2025, presentada por la Defensoría del Pueblo.

Recientemente, fueron invitados diversos especialistas de hidrocarburos, exministros y economistas del Instituto Peruano de Economía (IPE) para actuar como amicus curiae. Deberán presentar informes sobre el alcance de las operaciones autorizadas por el decreto

La Defensoría sostiene que el decreto es inconstitucional porque introduce una reforma estructural permanente en una empresa estratégica, excediendo las facultades del Ejecutivo y sin condiciones extraordinarias que lo justifiquen.

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