
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció este viernes 17 de abril que una de sus funcionarias brindó información inexacta respecto al hallazgo de cédulas de votación en la vía pública, en medio de la controversia suscitada por las demoras y presuntas irregularidades en las Elecciones Generales de 2026. El pronunciamiento llega mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Congreso investigan el desarrollo del proceso electoral, marcado por retrasos en la instalación de mesas y cuestionamientos a la cadena de custodia del material electoral.
En respuesta a la investigación parlamentaria, el presidente del JNE, Roberto Burneo, compareció ante la Comisión de Fiscalización para detallar las causas de los retrasos, que afectaron a 211 mesas de sufragio el pasado domingo 12 de abril. Burneo contradijo la versión oficial de la ONPE sobre la custodia de las cédulas halladas en Surquillo y afirmó que las cajas fueron trasladadas en vehículos particulares, sin presencia de fiscalizadores ni agentes policiales, desmintiendo así el comunicado inicial de la ONPE.
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La ONPE, a través de un comunicado institucional, reconoció que Claudia Sandoval Carmona, jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 3, proporcionó información incorrecta al asegurar que el traslado de las cajas con cédulas contó con acompañamiento de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y un fiscalizador. La entidad aclaró que esta afirmación no se ajusta a lo ocurrido, como se evidenció en el programa televisivo Beto a Saber del 16 de abril.

La controversia se originó cuando, durante las investigaciones sobre el desarrollo de los comicios, se reportó el hallazgo de 1.200 cédulas de votación distribuidas en cuatro cajas lacradas que fueron encontradas en un tacho de basura en el distrito de Surquillo. La ONPE explicó inicialmente que el incidente fue resultado de una negligencia durante el traslado a la sede central. Sin embargo, la versión oficial fue puesta en duda tras la intervención del presidente del JNE, quien aseguró que no existió la cadena de custodia indicada y que las cajas fueron transportadas sin el resguardo institucional requerido.
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La ONPE admitió públicamente el error de su funcionaria y extendió disculpas a la ciudadanía, instituciones y personas que pudieron verse afectadas por las declaraciones. La entidad informó que ya se encuentra realizando las investigaciones internas para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, conforme a la normativa vigente. “Corregimos la información antes señalada por la Sra. Sandoval Carmona y extendemos disculpas públicas a la ciudadanía, a las instituciones y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por las declaraciones de nuestra funcionaria”, indica el comunicado oficial.
Con respecto a la cadena de custodia, la ONPE había asegurado que el procedimiento fue supervisado por un coordinador de la oficina, un agente policial y un fiscalizador del JNE, pero este extremo fue rechazado por Burneo ante el Congreso, quien afirmó que los vehículos utilizados no estaban registrados y que la documentación que respalda la custodia será remitida a la Procuraduría.
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Qué ocurrió con las cédulas de votación encontradas en Surquillo
El pasado 12 de abril, tras el cierre de la jornada electoral, se hallaron cuatro cajas lacradas con 1.200 cédulas de votación en un contenedor de basura en el distrito de Surquillo, Lima. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el material fue extraviado por negligencia durante el traslado, aunque la cadena de custodia y la participación de agentes oficiales quedaron en entredicho tras las declaraciones contradictorias entre la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones.
El incidente incrementó la tensión institucional y generó dudas sobre la transparencia y seguridad del proceso electoral, en un contexto de retrasos en la instalación de mesas y reclamos ciudadanos por la falta de material en más de 200 locales de votación. El JNE, que había advertido días antes sobre posibles dificultades logísticas, informó que hasta la fecha ha recibido 85 pedidos de nulidad del proceso.
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Reacciones institucionales y medidas en curso
Tras reconocer la inexactitud de la información proporcionada, la ONPE comunicó que está realizando una investigación interna para determinar las responsabilidades del caso y adoptar las medidas sancionatorias correspondientes. La entidad remarcó su compromiso de transparencia y la disposición de colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y evitar situaciones similares en futuros procesos electorales.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, reiteró que la supervisión de la cadena de custodia fue insuficiente y que la documentación oficial será remitida a la Procuraduría para las acciones legales pertinentes. Por su parte, la ONPE enfatizó la colaboración institucional y la corrección pública de la información, subrayando la importancia de la confianza ciudadana en la integridad del sistema electoral peruano.
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La controversia sobre el traslado y hallazgo de las cédulas se suma a las demoras en la instalación de mesas de votación, que afectaron a miles de electores en Lima Metropolitana. El propio JNE desplegó más de 48 mil fiscalizadores en todo el país y detectó que los problemas logísticos se originaron en el embalaje y carga de material, debido a la falta de personal y no por retrasos en la empresa transportista, como sostuvo inicialmente la ONPE.
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