Analista de data sustrajo más de 4 millones de casa de apuestas: Fiscalía incautó su inmueble

La Fiscalía de Lima Norte ejecutó un allanamiento con fines de incautación y desposesión de un inmueble ubicado en el asentamiento humano-asociación de vivienda autogestionaria San Benito, en el distrito de Carabayllo. La medida se sustenta en la presunta adquisición del predio con dinero proveniente de un fraude informático.

La diligencia forma parte de una investigación por presunto lavado de activos que involucra a Gudelia Huancas. Según la tesis fiscal, los recursos utilizados en la compra del inmueble estarían vinculados a una operación irregular que habría generado millonarias pérdidas a una casa de apuestas deportivas.

Investigación por lavado de activos y fraude informático

El fiscal provincial Miguel Ángel Nonato Cierto, a cargo del caso, indicó que la intervención se enmarca en una investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos, específicamente en las modalidades de conversión y transferencia de dinero ilícito. Este proceso se originó tras detectarse movimientos financieros sospechosos relacionados con la imputada.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, entre octubre de 2022 y mayo de 2023, Carlos Guevara, pareja de la investigada, habría sustraído S/ 4.135.497,36 de una casa de apuestas, aprovechando su rol como analista de data. A partir de estos hechos, la Fiscalía de Ciberdelincuencia de Lima inició una investigación por fraude informático que también involucra a otras personas.

Movimientos de dinero y adquisición del inmueble

Las pesquisas fiscales detallan que, tras la presunta sustracción, se realizaron retiros por S/ 688.996,64 y S/ 354.145,50 a través de diversas pasarelas de pago, efectuados por Carlos G. y Gudelia H., respectivamente. Estos movimientos habrían permitido canalizar parte del dinero hacia cuentas vinculadas a la investigada.

En abril de 2023, Gudelia H. habría concretado la compra del inmueble en San Benito mediante cheques de gerencia. Para la Fiscalía, este mecanismo constituye un indicio relevante, ya que suele emplearse para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.

Indicios detectados y acciones del Ministerio Público

El caso fue comunicado en enero de 2026 al despacho especializado en lavado de activos, que dispuso una serie de diligencias para profundizar en el origen de los fondos. Como resultado, se identificó que la adquisición del predio ocurrió después de iniciadas las operaciones del presunto fraude.

Asimismo, se advirtió que los recursos utilizados fueron canalizados a través de cuentas asociadas a la investigada, quien no contaría con actividad económica lícita que respalde dichas transacciones. Estos elementos reforzaron la sospecha de que el inmueble habría sido adquirido con dinero ilícito.

Allanamiento y participación de entidades especializadas

Tras evaluar los elementos recabados, el fiscal Miguel Nonato solicitó una orden judicial de allanamiento con fines de incautación y desposesión, la cual fue concedida y ejecutada el 14 de abril. La intervención permitió asegurar el inmueble mientras continúan las investigaciones.

En la diligencia participaron la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos y el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). Esta última entidad asumirá la administración y custodia del predio durante el desarrollo del proceso penal.