El caso judicial contra Erick Moreno Hernández, conocido como El Monstruo, encendió las alertas entre los representantes del Ministerio Público a cargo de la investigación. La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste confirmó la preocupación existente respecto a las condiciones de seguridad en las que deben operar, mientras avanza el proceso judicial contra uno de los presuntos cabecillas criminales más relevantes de los últimos años en Perú.
Moreno Hernández, líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, enfrenta una orden de 36 meses de prisión preventiva, luego de que la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra ratificara la medida el martes 14 de abril.
El fallo surge tras la extradición del acusado desde Paraguay, el pasado 28 de enero, y su posterior traslado a la Base Naval del Callao, donde permanece desde el mes de febrero.
El testimonio del fiscal
La preocupación de los funcionarios encargados de este caso ha quedado reflejada en las propias palabras de Edwin Velásquez, fiscal especializado contra la criminalidad organizada en Lima Noreste.
“Un poquito peligroso, ¿no? Y un poquito preocupante, pero no podemos tampoco dejar de hacer nuestro trabajo. Pero sí, no tenemos la seguridad, como usted puede apreciar, ni en esta sede ni para nosotros mismos. Personalmente no tenemos la seguridad”, expresó el fiscal al noticiero 24 Horas.
La falta de resguardo en el edificio donde operan los fiscales ha sido notoria. La sede, ubicada en Lima Norte, lidera investigaciones contra otros peligrosos cabecillas como El Jorobado y Miguel Ángel Marín Morón.
El fiscal Velásquez admitió la ausencia de medidas de protección adecuadas, lo que incrementa el nivel de riesgo para quienes llevan adelante investigaciones de alto impacto. Los trabajadores esperan que se fortalezcan los controles y la protección en el lugar.
Detalles del proceso
La ratificación de la prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández se fundamenta en la existencia de riesgo de fuga, la falta de arraigo laboral y profesional, y la gravedad de los hechos atribuidos. Los cargos incluyen organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión. La Fiscalía ha solicitado además la ampliación de la extradición activa al sumar el delito de organización criminal al expediente.
Durante las audiencias, la defensa de Moreno Hernández ha intentado revertir la prisión preventiva, argumentando criminalización de la informalidad laboral por su falta de arraigos. Sin embargo, la justicia peruana ha mantenido su postura.
“Lo que es lo real es que el señor no se encontraba en el país y tampoco se encontraba laborando. Se encontraba disfrutando del dinero que le mandaban por diferentes mecanismos, diferentes plataformas virtuales”, explicó el fiscal Velásquez sobre la situación del acusado mientras permanecía fuera de Perú.
En relación al proceso colaborativo, el fiscal también precisó que “no, no, hasta la fecha no tenemos ningún tipo de, de información sobre ello”, descartando la posibilidad de que Moreno Hernández haya mostrado interés en colaborar con la investigación.
La magnitud de la organización
El Ministerio Público evidenció la capacidad financiera de la organización liderada por Moreno Hernández. Según el reporte presentado ante la justicia, Los Injertos del Cono Norte habrían amasado una fortuna ilícita de cinco millones de soles entre enero de 2024 y abril de 2025.
Este monto provendría del cobro de cupos, rescates y otras actividades vinculadas a extorsión. El análisis se sustentó en información de la Unidad de Inteligencia Financiera y reportes de Western Union, que permitieron trazar la ruta del dinero desde las víctimas hasta los testaferros y colaboradores directos del acusado.
Mientras avanza el proceso judicial, la preocupación por la seguridad de los fiscales y trabajadores de la sede fiscal persiste. La expectativa es que se refuercen las medidas de control y protección, dada la envergadura del caso y los antecedentes de violencia que suelen acompañar a investigaciones sobre criminalidad organizada.
La postura de los funcionarios, encabezados por el fiscal Edwin Velásquez, refleja el compromiso por continuar las investigaciones a pesar del riesgo: “Un poquito peligroso, ¿no? Pero no podemos dejar de hacer nuestro trabajo”, reiteró el funcionario.
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