Psicólogo del INPE es detenido en Ica por presunto cobro de S/ 1000 a interno a cambio de informe favorable

La intervención de un trabajador del sistema penitenciario en Ica vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de control dentro de los establecimientos carcelarios del país. El caso, que involucra a un profesional de la salud mental, surge en medio de una operación coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, tras la detección de un presunto acto de corrupción vinculado a la emisión de informes técnicos.

El hecho se registró en los exteriores del penal Cristo Rey-Cachiche y responde a una investigación previa que apuntaba a una conducta irregular en perjuicio de un interno. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios desplegó acciones inmediatas tras recibir información sobre una exigencia económica que comprometía la imparcialidad de un documento clave dentro del proceso penitenciario.

Las diligencias incluyeron la participación de personal especializado y el uso de técnicas que permitieron verificar la transacción denunciada. El caso también motivó una respuesta institucional por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que anunció medidas administrativas frente a lo ocurrido.

Intervención fiscal y detención en flagrancia

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica ejecutó la detención en flagrancia de Jorge Condori, psicólogo del INPE, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. La acción se realizó a solicitud del fiscal provincial Alexander Pérez López y la fiscal adjunta titular Rosmely Guillén Cortez, con apoyo de agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el trabajador exigió el pago de S/ 1000 a un interno del establecimiento penitenciario Cristo Rey-Cachiche. El monto tenía como finalidad la emisión de un informe psicológico favorable, documento que podría influir en la situación del recluso.

Durante el registro personal, las autoridades encontraron S/ 700 en efectivo. El dinero formaba parte de un procedimiento de verificación, ya que había sido previamente fotocopiado e impregnado con reactivo químico por el personal fiscal y policial. Esta técnica permitió confirmar la entrega del monto y sustentar la intervención en el momento preciso.

Alcances de la investigación preliminar

La hipótesis fiscal sostiene que el servidor público utilizó su cargo para solicitar un beneficio económico a cambio de favorecer al interno con un informe técnico. Este tipo de documentos resulta determinante dentro del sistema penitenciario, ya que influye en evaluaciones sobre beneficios, tratamientos y eventuales medidas relacionadas con la libertad.

El Ministerio Público informó que la intervención se desarrolló bajo parámetros legales que garantizan la validez de las pruebas obtenidas. La participación conjunta con la Policía Nacional permitió asegurar el registro del dinero y la detención del implicado sin vulnerar el debido proceso.

En ese contexto, la institución reafirmó su posición frente a actos de corrupción. Según se indicó en el comunicado oficial, se mantiene el compromiso de actuar ante cualquier conducta que afecte la integridad de las entidades del Estado y el sistema penitenciario.

Medidas adoptadas por el INPE

Tras la detención, el Instituto Nacional Penitenciario emitió un pronunciamiento público en el que detalló las acciones adoptadas. La institución precisó que el 15 de abril de 2026, en los exteriores del penal de Ica, se produjo la intervención del trabajador Jorge Santos Condori Castro por un presunto acto de corrupción. En el comunicado se especifica que el hecho no ocurrió dentro de las instalaciones del establecimiento.

El INPE señaló que el servidor habría solicitado dinero a la familia de un interno con el objetivo de emitir un informe que facilitaría su libertad. Frente a esta situación, se dispuso el inicio inmediato de un procedimiento disciplinario, junto con la aplicación de una medida cautelar contra el trabajador involucrado.

Además, la entidad indicó que brinda facilidades a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones. Esta colaboración busca asegurar transparencia en el proceso y contribuir con el esclarecimiento de los hechos.

Canales de denuncia y acciones institucionales

Como parte de su respuesta, el INPE exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier acto irregular dentro del sistema penitenciario. La institución recordó la disponibilidad de la Línea Gratuita Anticorrupción 0800-1-5024, el correo electrónico denunciasinpe@inpe.gob.pe y la atención presencial en su sede central ubicada en el jirón Carabaya 456, en el Cercado de Lima.

El caso se mantiene en etapa de investigación, con diligencias orientadas a determinar responsabilidades y establecer las circunstancias en las que se produjo la presunta exigencia de dinero. La actuación conjunta entre fiscalía y policía continúa como parte del proceso legal correspondiente.