¿Elecciones 2026 se pueden volver a realizar? Las posibles salidas legales ante el cierre de locales de votación

Los retrasos en la entrega de material electoral por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dificultaron este domingo la apertura de centros de votación, sobre todo en la capital, impidieron votar a 63.300 ciudadanos y generaron pedidos de anulación “parcial o total” del proceso, como el del congresista y candidato al Senado Edward Málaga.

“Ni siquiera la ley electoral contempla tamaña incompetencia de la ONPE. Es evidente que el número de ciudadanos privados de su voto puede modificar sustancialmente los resultados”, señaló en un pronunciamiento en X.

El legislador mencionó que su equipo prepara un pedido formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para revisar el proceso electoral y convocar nuevos comicios en 90 días, una iniciativa que, según la experta en temas electorales Alexandra Marallano, no procede bajo el marco legal vigente.

“Eso es imposible. Las causales de nulidad están expresamente señaladas en la Ley Orgánica de Elecciones y la cancelación no está tipificada en la ley”, señaló la abogada a Infobae en una jornada en la que se desempeñó como miembro de mesa.

Según la norma, los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación en una mesa de sufragio si se detectan irregularidades como la instalación en un lugar no autorizado, la intervención de fraude, cohecho, intimidación o violencia, o la aceptación o rechazo indebido de votos en cantidad suficiente para modificar el resultado.

Las solicitudes de nulidad se presentan ante la mesa y se resuelven en un plazo máximo de tres días. La ley prevé la nulidad total cuando los votos nulos o en blanco superan los dos tercios de los válidos, o cuando se anulan procesos en circunscripciones que representan un tercio de la votación nacional. En ese caso, los nuevos comicios se convocan en un plazo máximo de 90 días.

Los partidos Fuerza Popular y Renovación Popular, encabezados por las candidaturas presidenciales de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, han requerido la ampliación del proceso electoral hasta este lunes 13 de abril o la realización de procesos de elecciones complementarias.

Al respecto, el constitucionalista Edward Dyer propuso dos escenarios para asegurar que ningún ciudadano quede sin sufragar por “responsabilidad” del Estado: en primer lugar, “identificar las mesas que no pudieron instalarse por dicha causa”; y en segundo, disponer su instalación el “próximo domingo para completar el proceso electoral”.

El analista político Hernán Chaparro afirmó que “se quiere convertir un problema operativo en un supuesto fraude”, en referencia a lo señalado hasta el momento por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

“Y lo mejor será seguir el proceso para saber finalmente cuántas personas han votado en las mesas con problemas”, añadió en X.

El también constitucionalista Luciano López afirmó que no existe posibilidad de anular la votación, pues “lamentablemente, desde el punto de vista jurídico, los 63 mil votos (exluidos) no calzan en los supuestos”. Agregó que el JNE “actúa dentro de sus competencias regladas y no puede ir más allá de lo establecido por la LOE, cuya naturaleza es de ley orgánica”.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.