El Ministerio Público emitió una advertencia contundente a pocos días de las Elecciones Generales 2026: los delitos electorales pueden ser castigados con hasta diez años de prisión.
La institución afirmó que estas conductas afectan la voluntad popular y el desarrollo de los comicios, por lo que desplegará a más de seis mil fiscales en todo el territorio nacional desde las primeras horas de la jornada.
Los delitos contra la voluntad popular incluyen la suplantación de identidad de votantes, la compra de votos, la coacción a electores y la alteración o destrucción de material electoral.
El Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones tipifican estas faltas. La suplantación, que consiste en votar en lugar de otra persona o hacerlo varias veces sin derecho, puede acarrear hasta cuatro años de cárcel.
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La compra de votos, sancionada con la misma pena, incluye cualquier beneficio o promesa ofrecida para modificar la intención de voto. El MP explicó que también se penaliza la coacción, ya sea mediante amenazas o violencia, con hasta cuatro años de prisión.
La alteración o destrucción de documentos electorales representa uno de los delitos más perseguidos. Según la Fiscalía, quienes falsifiquen actas, destruyan registros o manipulen ánforas podrían enfrentar hasta ocho años tras las rejas.
A esto se suma la perturbación del proceso electoral, que implica bloquear o interferir en la jornada mediante violencia o amenazas. Este acto es considerado uno de los más graves, con penas de hasta diez años de prisión.
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El MP indicó que portar armas, incluso con licencia, está prohibido durante la jornada electoral y podría derivar en penas de hasta un año, además del decomiso del arma.
Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad. El MP recordó que es posible presentar denuncias directamente en las fiscalías o mediante canales virtuales.
Restricciones para la jornada
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalló que, desde el lunes 6 de abril, rigen restricciones electorales obligatorias para preservar la transparencia y el orden público.
La primera medida prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto en cualquier medio, advirtió el JNE a través de Infobae. Quienes infrinjan la norma pueden ser multados con sumas de entre 55.000 y 550.000 soles, equivalentes a entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
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La actividad política también se regula de manera estricta: a partir del viernes 10, quedan vetadas las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político.
El incumplimiento puede suponer prisión de tres meses a dos años. La propaganda electoral se suspende desde la medianoche del sábado 11; transgredir esta norma acarrea penas no menores a dos años de cárcel.
En cuanto a la conocida “ley seca”, la venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 8:00 del sábado 11 hasta la misma hora del lunes 13. Los comercios que no cumplan se exponen a penas de hasta seis meses y multas superiores a los 3.390 soles.
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El JNE también restringió los espectáculos públicos, tanto al aire libre como en lugares cerrados, durante la votación, y prohibió reuniones de electores a menos de cien metros de los centros de sufragio.
Más de seis mil fiscales estarán presentes en los centros de votación desde las 6:30 del domingo 12 de abril, con chalecos y medallas institucionales, para recibir denuncias y garantizar el cumplimiento de las normas.
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