Marisol Pérez Tello, única candidata que apoya crear comisión de la verdad sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia peruana

La candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, es la única integrante de la contienda electoral de 35 participantes que respalda la creación de una comisión de la verdad para investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica y otras instituciones religiosas, según informó este martes la Red de Sobrevivientes Perú.

La asociación civil, dedicada a combatir la violencia física, psicológica, espiritual y sexual en entornos eclesiales, indicó que esta comisión también examinará “las demás religiones y sectas, según lo solicitado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU al Estado”.

José Enrique Escardó, presidente de la Red y primer denunciante de los abusos cometidos por el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), manifestó su reconocimiento por la postura de la aspirante. “Gracias por tu compromiso con la Red y con toda la población”, publicó en su plataforma de X, antes Twitter.

Pérez Tello aparece sosteniendo el documento firmado el pasado 31 de marzo, donde deja constancia de su “compromiso público de cumplir con la recomendación de iniciar una auditoría independiente nacional sobre los abusos sexuales (...) así como de publicar los resultados de dicha auditoría, según estándares internacionales”.

El texto añade que Perú fue advertido por el Comité, “en su informe del 9 de febrero de 2023, sobre la situación de impunidad en los crímenes de fe contra niños, niñas y adolescentes, en el marco del estudio realizado en el país”.

“Dicha situación se encuentra también en el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos Humanos (Naciones Unidas), y ha sido resaltada en diversos informes de la sociedad civil y medios de comunicación”, señala el documento.

“Asumo el compromiso de difundir este compromiso en los medios de comunicación, en el portal web de mi campaña y en redes sociales, así como de impulsar activamente una auditoría nacional independiente que cuente con un equipo multidisciplinario, independiente y especializado, y que garantice la participación de las víctimas y sus familiares, así como de las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales”, agrega.

El grupo apostólico SVC, fundado por el pederasta Luis Figari, protagonizó el mayor escándalo de abuso en la iglesia peruana, por lo que en abril del 2025 firmó su decreto de disolución y nombró un comisario apostólico para las tareas relacionadas con su supresión, conforme a la decisión aprobada por el papa Francisco, quien dispuso el fin de la sociedad.

El Vaticano investigó el caso y, en julio de 2023, el fallecido pontífice designó como investigadores especiales al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al sacerdote español Jordi Bertomeu, ambos expertos en delitos de abusos.

La Santa Sede expulsó a Figari y, junto a él, también a 15 miembros de la organización por abusos sexuales, algunos contra menores.

En enero del año pasado, el diario El País reveló que Francisco forzó al exilio al cardenal Juan Luis Cipriani, denunciado por abuso sexual y cuya presencia en las congregaciones generales previas al cónclave que eligió a León XIV generó polémica, pese a las restricciones que se le impusieron.

El arzobispo emérito de Lima y primer purpurado del Opus Dei fue sancionado con el exilio, la prohibición de portar símbolos cardenalicios y de hacer declaraciones públicas. Según su denunciante, el abuso ocurrió cuando era menor, en el confesionario, acusación que el purpurado rechaza.