El Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, bajo la dirección de la fiscal provincial Elsi Chaupín Bautista, realizó el allanamiento de la sede del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena y de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), así como de otros seis inmuebles.
El operativo, llevado a cabo en la región Ayacucho, forma parte de una investigación por colusión agravada relacionada con la contratación de servicios de mantenimiento de esterilizadores por S/ 180 000. Según informó el Ministerio Público, el monto fue cancelado en su totalidad aunque el servicio no llegó a ejecutarse.
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Investigación por contratos simulados
Entre los años 2021 y 2023, los funcionarios involucrados habrían pactado la realización de contrataciones irregulares y dirigidas, favoreciendo a empresas vinculadas entre sí mediante una posible simulación de postores que mantenían relaciones personales. Estos hechos ocasionaron un perjuicio económico al Estado superior a medio millón de soles, según detalló la fiscalía.
Durante la diligencia, la fiscal adjunta provincial Rosa Huañac Inga ordenó la detención preliminar de Teodosio Huamán (57), exadministrador del hospital; Eloy Velarde (39), responsable del área de Adquisiciones de la Unidad de Abastecimiento de la UNSCH; y Ángel Rodríguez (40), representante legal de la empresa Group Prosperu S. A. C. Además, se dispuso la incautación de documentación relevante y otros elementos que permitan esclarecer los hechos y precisar la participación de los investigados.
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La actuación fiscal contó con el apoyo de personal policial de la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).
¿Cómo identificar posibles casos de corrupción?
La ciudadanía cuenta con mecanismos formales para reportar actos de corrupción o conductas contrarias a la ética cometidas por personal de entidades públicas en Perú.
El servicio está habilitado para informar sobre situaciones como:
- Apropiación o uso indebido de recursos públicos: Ocurre cuando personal de una entidad estatal utiliza dinero o bienes del Estado para beneficio propio o de terceros.
- Favorecimiento o ventajas indebidas: Se presenta cuando funcionarios emplean su cargo para otorgar beneficios irregulares o recibir sobornos.
- Invocación de influencias: Involucra a quienes mencionan o simulan tener contactos en el sector público a cambio de donativos, promesas o ventajas.
- Contrataciones públicas irregulares: Incluye casos donde se infringen normativas en la adquisición de bienes, servicios u obras estatales a cambio de beneficios.
- Irregularidades en la vacunación contra la COVID-19: Engloba acciones que perjudiquen el proceso de vacunación, sean para obtener beneficios personales o para terceros.
- Otros actos contrarios a la ley o la ética pública: Cubre desde el mal uso de información privilegiada hasta la exigencia de contribuciones indebidas.
- Las denuncias pueden realizarse de forma anónima. Si el denunciante decide identificarse, tiene la opción de solicitar protección estatal para evitar represalias laborales o afectaciones en procesos de contratación pública.
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