Sicariato cobra nueva víctima: obrero muere a balazos mientras operaba maquinaria pesada en Ventanilla

Un nuevo caso de sicariato ha sacudido la provincia constitucional del Callao. Un obrero fue asesinado por disparos mientras operaba un vehículo de construcción en la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla, justo cuando rige un estado de emergencia por la escalada de violencia en la región. El hecho se produce en un contexto donde la criminalidad organizada y los delitos violentos han forzado al Gobierno a prorrogar por 30 días medidas excepcionales de seguridad.

El ataque ocurrió durante la jornada diurna, en la zona del asentamiento humano Villamoto. Testigos relataron a RPP Noticias que el autor material era un hombre delgado que, tras disparar contra el operador de la maquinaria, se dio a la fuga a pie sin ser detenido.

La víctima, identificado como Jesús Agustín Castillo Salas, fue trasladado de urgencia al Hospital de Ventanilla por sus compañeros de obra. A pesar de recibir atención médica, falleció a causa de una herida de bala en el cuello. Según el reporte de RPP Noticias, los residentes presenciaron que el agresor se alejó del lugar sin que, hasta ese momento, existiera un registro visual de su huida o identificación por cámaras.

Sicario ataca a trabajador en obra urbana en Ventanilla

La secuencia criminal se desplegó en plena vía pública mientras Castillo Salas manipulaba un minicargador, maquinaria habitual en obras de construcción urbana. El asesinato ocurrió sin previo aviso y ante la vista de vecinos y transeúntes, según confirmó RPP Noticias. El disparo fue dirigido de forma directa y letal, impactando la región lateral del cuello de la víctima, hecho que provocó su muerte poco después de ser admitido en el hospital local.

Los testimonios apuntan a que el sicario actuó con aparente conocimiento del horario y lugar de trabajo de Castillo Salas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado. La modalidad coincide con acciones de sicariato reportadas en la jurisdicción durante los últimos meses, en los que delincuentes actúan a plena luz del día en zonas de alta circulación.

El crimen se inserta en un contexto de facilidad para la mudanza de operadores criminales entre distintas zonas del Callao y Lima Metropolitana, hecho corroborado por informes del Observatorio del Crimen y la Violencia. De acuerdo con el reporte más reciente citado por El Peruano, uno de cada cuatro adultos en el país ha sido víctima o conoce a alguien afectado por extorsión en los últimos tres meses, cifra que corresponde a más de seis millones de personas.

Investigación policial se complica por falta de imágenes

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron de inmediato al lugar del asesinato para iniciar las pesquisas. Sin embargo, confirmaron a RPP Noticias que las cámaras de seguridad instaladas en el sector no lograron grabar el momento exacto del crimen ni aportar imágenes útiles para identificar al responsable.

Esta limitación en la cobertura de videovigilancia expone un déficit en el sistema de seguridad urbana, especialmente en zonas priorizadas por la intervención policial excepcional. Se suma al señalamiento realizado por el Observatorio del Crimen y la Violencia respecto a la necesidad de sistemas integrados de comando y coordinación que, según El Peruano, aún no se implementan plenamente en el país.

Fuentes policiales consultadas por RPP Noticias subrayaron que las investigaciones ahora se centran en reconstituir los hechos mediante entrevistas a testigos y la búsqueda de imágenes auxiliares de cámaras privadas o testimonios indirectos. El patrón de la huida a pie refuerza la sospecha de planificación y conocimiento del terreno por parte del homicida.

Estado de emergencia en Lima y Callao se amplía ante la ola delictiva

El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por otros 30 días a través del Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM. La medida, detallada por El Peruano, autoriza la restricción de derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito, además de permitir intervenciones y detenciones sin orden judicial en las zonas comprendidas.

El decreto establece que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas asumen un rol reforzado en el control del orden interno, dirigidos por el Comando de Coordinación Operativa Unificada, que al término del periodo de emergencia debe reportar en cinco días hábiles los resultados logrados ante el Ministerio del Interior, la Presidencia y el Congreso.

Los recursos extraordinarios para estas operaciones provienen de los presupuestos institucionales y asignaciones adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, la supervisión de actividades masivas como eventos deportivos, religiosos o culturales está sujeta a autorización previa, según la normativa vigente.

En el contexto nacional, el mismo decreto destaca que la diversificación de las redes delictivas ha expandido la extorsión hacia regiones del centro, sur y oriente, así como a ámbitos rurales. El sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota” experimentó un aumento, pasando de 15% en 2024 a 19% en 2025 en el registro de casos, fenómeno reportado por el Observatorio.