La Corte Suprema de Justicia decidió abrir un espacio para el debate de una estrategia legal que busca traer abajo todo lo actuado por el Ministerio Público hasta la fecha. A través de la Resolución Número Uno, el magistrado Juan Carlos Checkley Soria convocó a una audiencia de “Cuestión Previa” que podría redefinir el curso de las investigaciones contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión.
La cita judicial, programada para el próximo miércoles 8 de abril de 2026 a las 09:30 horas, se llevará a cabo de manera virtual. En ella, la defensa técnica del vacado expresidente presentará los argumentos de un recurso presentado formalmente el pasado 17 de marzo, con el cual pretenden demostrar que el proceso ha omitido requisitos de procedibilidad fundamentales relativos a la conformación orgánica del juzgado que lo procesa.
La defensa de Castillo Terrones sostiene que se ha vulnerado el debido proceso al permitir que su caso sea conducido por un juzgado cuya estructura no se ajustaría estrictamente a los mandatos constitucionales para altos dignatarios. Según el recurso presentado, el procesamiento del golpista debió recaer en un magistrado titular de la Sala Penal de la Corte Suprema y no en un juez designado mediante una resolución administrativa de menor jerarquía.
Bajo este amparo legal, basado en los artículos 4° y 450° del Código Procesal Penal, los abogados de Castillo solicitan:
- La nulidad total: Invalidar todas las disposiciones y actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente N.° 00005-2023-29-5001-JS-PE-01.
- Anulación de incidentes: Dejar sin efecto todos los pedidos derivados, incluyendo embargos y medidas restrictivas.
- Libertad inmediata: El cese de la prisión preventiva que cumple el exmandatario por este caso específico de presunta corrupción en el entorno del poder.
Detalles de la audiencia y apercibimientos
El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso que la audiencia se realice a través del aplicativo Google Meet, con presencia obligatoria del representante del Ministerio Público y la defensa técnica. Para evitar dilaciones —táctica recurrente en procesos de alta exposición política—, el juzgado ofició a la Defensoría Pública para que asigne un abogado de oficio que asuma la defensa de Castillo en caso de inasistencia de sus abogados particulares.
Asimismo, la resolución ordena a la Oficina de Imagen y Prensa del Poder Judicial garantizar el registro fílmico de la sesión, subrayando la relevancia pública de la decisión. De declararse fundada la cuestión previa, el Ministerio Público se vería obligado a retrotraer las investigaciones a etapas iniciales, lo que representaría un duro golpe para la tesis fiscal de la “organización criminal” que habría operado desde Palacio de Gobierno.
Los casos que cercan a Pedro Castillo
Este pedido de nulidad llega en un momento de alta sensibilidad política. Castillo Terrones no solo enfrenta este proceso por colusión y tráfico de influencias, sino también la acusación por el fallido intento de Golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La estrategia de la defensa parece apuntar ahora a la “forma” más que al “fondo”, cuestionando la competencia del tribunal para deslegitimar las pruebas acumuladas. Si el 8 de abril el juzgado acepta que hubo un error en la designación del magistrado instructor, el Estado peruano, como parte agraviada, vería cómo meses de diligencias, testimonios de colaboradores eficaces y peritajes fiscales quedan en un limbo jurídico.
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