
A pocos días de las elecciones generales de 2026, una investigación periodística reveló una alarmante realidad en las listas al Senado y a la Cámara de Diputados: Diversos candidatos que hoy prometen “transparencia y fiscalización” fueron, en el pasado cercano, destituidos e inhabilitados por el propio Estado tras detectarse que presentaron documentos falsos para obtener cargos públicos.
Pese a que sus sanciones figuran en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, estos postulantes apelan al voto ciudadano para regresar al aparato estatal, esta vez como legisladores.
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¿Quiénes son los candidatos al Congreso sancionados?
Uno de los casos más destacados es el de Eliana Toledo Reyes, candidata a diputada por Lima con Somos Perú. Entre 2021 y 2022, Toledo trabajó en la tercera vicepresidencia del Congreso. Para acceder al puesto, presentó una constancia de la empresa FSR Asesoría y Gestión SAC, asegurando haber laborado allí casi tres años.
Sin embargo, la gerencia de dicha empresa negó cualquier vínculo. “La señora presenta una carta diciendo de que no me conoce, que desconoce que yo haber trabajado, que nunca tuve ningún vínculo laboral”, admitió la propia Toledo en el reportaje. El Congreso concluyó que el documento era falso y la inhabilitó por cinco años en julio de 2022.
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Toledo se defiende alegando que se trata de una “discrepancia política” con la dueña de la empresa y reconoce que trabajaba sin formalidades: “No tenía un horario definido... ella no me pagaba y trabajé con ella hasta que me llamaron a trabajar a el Circuito Mágico del Agua”.
En el Senado, el panorama no es distinto. Ángel Alejandro Valdivia Aparicio, candidato por Pasco con el partido Unidad Nacional, fue destituido del Tribunal Constitucional (TC) en 2021. La investigación del TC determinó que Valdivia presentó un certificado falso de un curso de Office en un instituto de Chiclayo.
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El engaño quedó al descubierto al notar que, mientras el certificado decía que asistía a clases presenciales en Chiclayo, los registros del Congreso demostraban que Valdivia trabajaba a tiempo completo en Lima. Pese a la resolución oficial, el candidato niega los hechos: “Nunca, señorita, nunca me han destituido... mi salida se debió a término de contrato”.
Desde el sur, el reportaje expuso a Nélida Juliana Coaila Coaila, candidata al Senado por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. En 2018, la docente fue destituida tras presentar cuatro certificados médicos falsos para justificar licencias con goce de sueldo.
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La UGEL Moquegua descubrió que los documentos usaban el nombre de una doctora que ya no trabajaba en el sistema y registros médicos duplicados. Coaila minimiza la sanción asegurando que fue por un “descanso médico” y que ya tiene un proceso en el Poder Judicial para ser reincorporada.
Títulos falsos y venta de certificados
La fiscalización de los expedientes del Registro Nacional de Sanciones arrojó más nombres que hoy figuran en las cédulas de votación:
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- Abimael Castro Atao (Avanza País): Candidato por Apurímac, inhabilitado tras confirmarse que utilizó un título profesional falso para obtener una plaza laboral en Andahuaylas.
- Walter Rodríguez Noriega (Alianza Electoral Venceremos): Sancionado por la venta de títulos y certificados falsos a terceros para facilitar el acceso irregular a plazas docentes en Loreto.
- Pedro Galliano Urquizo (Perú Acción): Postulante por Cusco, inhabilitado por presentar certificados de incapacidad temporal que no existían en el sistema de salud.
Especialistas consultados en el informe advierten que una inhabilitación no es una medida ligera. “Es una falta de tal gravedad que ha ameritado la sanción más grave que existe... hechos que revisten una gravedad y una afectación a los intereses estatales”, sentenció Ana Pari Morales, expresidente de Servir.
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