El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla, ubicada en el departamento de Tumbes, por un periodo de 60 días, en un intento por frenar la escalada de inseguridad ciudadana y delitos en la zona fronteriza con Ecuador.
Según informó El Peruano, la medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 045-2026-PCM, autoriza el despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) respaldada por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para recuperar el control del orden interno.
El estado de emergencia implica la suspensión de derechos fundamentales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, así como la libertad y la seguridad personales. Esta decisión se fundamenta en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.
El Ejecutivo busca fortalecer las acciones contra la criminalidad mediante intervenciones policiales y militares, usando herramientas como inteligencia, mapas del delito y estadísticas para determinar los puntos críticos de intervención.
La nueva disposición legal detalla que el personal de la PNP debe actuar bajo los lineamientos del Decreto Legislativo N° 1186, que regula el uso de la fuerza, mientras que las FF. AA. se regirán por el Decreto Legislativo N° 1095, que establece parámetros para su intervención en apoyo a la policía.
La aplicación de estos protocolos, según la norma, apunta a garantizar el respeto a los derechos humanos durante las operaciones.
Refuerzo del control migratorio
En paralelo a la declaratoria de emergencia, la Superintendencia Nacional de Migraciones intensificó el control en la frontera entre Perú y Ecuador.
Según reportó El Peruano, Valeria Morales, directora de Operaciones de Migraciones, supervisó los trabajos en el Centro Binacional de Atención en Fronteras (CEBAF) de Tumbes y Huaquillas para verificar el funcionamiento del control migratorio, especialmente ante el aumento de desplazamientos por Semana Santa y las elecciones presidenciales.
Durante la inspección, Morales revisó los ambientes de contingencia operativa y coordinó con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la PNP para mejorar las instalaciones y asegurar la presencia institucional en zonas estratégicas como Aguas Verdes y el Puente Internacional Perú-Ecuador.
Parte de las acciones incluyó un operativo conjunto en la Panamericana Norte, donde se intervino a más de 160 personas extranjeras en situación migratoria irregular.
En el marco de la emergencia, las fuerzas del orden aplicarán el Protocolo de actuación conjunta del Estado, diseñado para garantizar un trato digno y proteger a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad durante detenciones y operativos.
El Ejecutivo subrayó que estos procedimientos buscan evitar cualquier abuso y asegurar el respeto a los derechos humanos.
Financiamiento y proyección de las operaciones
El Decreto Supremo N° 045-2026-PCM establece que las acciones previstas durante el estado de emergencia en Zarumilla se financiarán con cargo al presupuesto de los organismos involucrados, además de asignaciones adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es que el despliegue de recursos permita sostener la capacidad operativa y logística para enfrentar los desafíos en materia de seguridad ciudadana y control migratorio.
La declaratoria responde a una demanda social por mayor seguridad en la frontera norte del país y marca un precedente en el uso combinado de fuerzas policiales, militares y entes migratorios para blindar la región ante amenazas de delincuencia y migración irregular.
Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, se mantiene el compromiso de promover una migración regular, segura y ordenada, en línea con los estándares legales y de derechos humanos.
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