Consejo Fiscal: despilfarro y exoneraciones promovidas por el Congreso hubieran alcanzado para becar 8 veces más estudiantes en Perú

El comunicado del Consejo Fiscal se centra en leyes y autógrafas aprobadas en las 3 últimas sesiones del pleno del Congreso en 2026, con un impacto de hasta S/ 15.000 millones anuales en las finanzas públicas

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El Consejo Fiscal del Perú advirtió que once leyes aprobadas por el Congreso implican un aumento permanente del gasto público de S/ 11.400 millones anuales.

El Consejo Fiscal del Perú advirtió sobre el impacto de once nuevas leyes aprobadas por el Congreso en marzo de 2026, que suponen un costo fiscal anual adicional de S/ 11.400 millones y podrían llegar a S/ 15.000 millones si se suman otras iniciativas en trámite.

Según el organismo, estas normas incrementan el gasto público permanente, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas estatales y el cumplimiento de las reglas fiscales.

La alerta destaca que las disposiciones con mayor incidencia presupuestaria han sido la nivelación de las pensiones para maestros jubilados y cesantes, la modificación del régimen pensionario militar y policial, y la ampliación de beneficios laborales para los trabajadores CAS.

El Consejo Fiscal subraya que estas leyes fueron aprobadas sin identificar fuentes de financiamiento y constituyen obligaciones de gasto permanente.

El Congreso aprueba gasto sin respaldo financiero

Durante las tres últimas sesiones del pleno, el Congreso permitió la creación de nuevas obligaciones de gasto sin financiamiento claro.

Entre ellas, la nivelación automática de pensiones para maestros, que introduce el mecanismo de “cédula viva”, prohibido por la Constitución por generar un “efecto espejo” entre los ingresos de pensionistas y los de trabajadores activos. Solo esta medida implica un costo estimado de S/ 8.000 millones anuales.

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El impacto fiscal de nuevas iniciativas legislativas podría elevar el gasto público hasta S/ 15.000 millones cada año, comprometiendo la sostenibilidad financiera del país.

En el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía, la modificación al régimen pensionario (Decreto Legislativo N° 1133) eleva los aportes estatales y las prestaciones, lo que podría sumar S/15.000 millones en valor presente.

Además, la concesión de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS supone un gasto de S/3.000 millones anuales. El Consejo recordó que una medida similar fue declarada inconstitucional por vulnerar el equilibrio presupuestario.

El costo social de las leyes aprobadas

El comunicado del Consejo Fiscal señala que el costo anual de estas decisiones equivale a 8,6 veces el presupuesto de Pensión 65, a 7,7 veces el de becas educativas y a tres veces el monto destinado a combatir la desnutrición crónica infantil.

La suma de estas partidas supera el presupuesto de diversos programas sociales y educativos de 2026, imponiendo un costo de oportunidad sobre otras prioridades públicas.

Además, el presupuesto de 2026 ya contempla un incremento histórico en remuneraciones y pensiones por S/ 11.200 millones, cuatro veces el promedio de la década anterior. Si se suman los nuevos gastos, el déficit fiscal aumentaría y se reduciría el espacio fiscal para el próximo gobierno.

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Entre las leyes de mayor costo se destacan la nivelación de pensiones para maestros, las reformas al régimen militar y policial, y mayores beneficios para trabajadores CAS.

Riesgo de incumplir reglas fiscales y debilitar la sostenibilidad

El Consejo Fiscal advierte que estas presiones se suman a un presupuesto ya tensionado, y que el Congreso y el Ejecutivo estarían incumpliendo normas que prohíben aumentar el gasto en personal y pensiones en años electorales.

Entre 2021 y 2026, el Congreso aprobó 38 leyes que reducen los ingresos fiscales y existen otras 11 en trámite, con posible impacto de S/ 3.900 millones adicionales en el primer año de aplicación.

El organismo exhortó al Congreso a evitar iniciativas sin análisis de costo ni fuentes de financiamiento y al Ejecutivo a utilizar mecanismos institucionales, incluidas demandas de inconstitucionalidad, para proteger la sostenibilidad fiscal y evitar el despilfarro de recursos que podrían destinarse a becas, salud o programas sociales clave.