¿Qué es el CAS, quiénes pertenecen a este régimen y cuáles son los beneficios que tendrán desde este 2026?

El régimen CAS, cuyas siglas significan Contratación Administrativa de Servicios, surgió en el Perú en 2008 a partir del Decreto Legislativo 1057 como una alternativa para ordenar la situación de miles de trabajadores del Estado que laboraban sin un marco legal definido. Desde su creación, esta modalidad estableció una relación laboral formal con elementos como subordinación, cumplimiento de horario y funciones específicas, aunque bajo condiciones distintas a las de otros regímenes tradicionales del sector público, como el 276 o el 728. En sus inicios fue concebido como un mecanismo flexible y de carácter temporal, orientado a cubrir necesidades puntuales de las entidades estatales.

Con el paso de los años, sin embargo, el CAS dejó de ser un esquema transitorio y pasó a consolidarse como una de las principales formas de contratación dentro del aparato estatal. Actualmente, es utilizado por instituciones de todos los niveles de gobierno —nacional, regional y local— incluyendo ministerios, municipalidades, hospitales, universidades públicas y organismos autónomos. Su expansión ha sido significativa, al punto de agrupar a cientos de miles de trabajadores, lo que evidencia su peso dentro del funcionamiento del Estado peruano.

¿A quiénes abarca el régimen CAS?

Este régimen comprende a personas que desempeñan funciones administrativas, técnicas y profesionales en distintas entidades públicas. Se trata de trabajadores que, en muchos casos, realizan labores permanentes, pese a que el sistema fue diseñado inicialmente con un enfoque temporal. Dentro de este grupo se encuentran empleados del sector salud, educación, así como personal administrativo de ministerios y otras instituciones estatales.

El acceso al CAS suele darse mediante procesos de selección o concursos públicos, aunque también existen trabajadores que, tras modificaciones normativas previas, han logrado mantener vínculos laborales de duración indeterminada. Asimismo, en determinados sectores se han impulsado normas que permiten la migración progresiva hacia regímenes más estables, como el 728, en un intento por reducir las brechas de derechos laborales dentro del Estado.

Condiciones laborales y cuestionamientos históricos

Durante varios años, el régimen CAS fue objeto de críticas debido a las diferencias en beneficios frente a otros sistemas laborales. A pesar de que los trabajadores cumplían funciones similares a las de otros empleados públicos, no contaban con derechos como gratificaciones completas ni Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), lo que generaba una percepción de desigualdad.

Esta situación dio lugar a un debate constante sobre la necesidad de mejorar sus condiciones y equiparar derechos. Diversas reformas parciales intentaron corregir estas brechas, pero no lograron eliminar completamente las diferencias, manteniendo al CAS como un régimen con menores beneficios en comparación con otros esquemas laborales del Estado o del sector privado.

Cambios clave para el CAS desde el 2026

A partir de 2026, el panorama para los trabajadores CAS experimenta una transformación relevante tras la aprobación de una norma que amplía sus beneficios económicos. Uno de los avances más importantes es la incorporación de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivalente a una remuneración mensual completa. Esto supone la entrega de dos ingresos adicionales al año, alineando este aspecto con lo que ocurre en el régimen laboral privado.

Otro cambio significativo es la inclusión de la Compensación por Tiempo de Servicios. Este beneficio, inexistente anteriormente para los trabajadores CAS, funcionará como un respaldo económico ante el término del vínculo laboral. En este nuevo esquema, la CTS se calculará sobre el 100% del sueldo y será entregada al finalizar la relación laboral, lo que representa un avance sustancial en términos de protección financiera.

Impacto y debate sobre la reforma

La ampliación de beneficios marca un hito en la evolución del régimen CAS, ya que reduce de manera importante las diferencias con otros sistemas laborales. Incluso, algunos especialistas consideran que el reconocimiento de gratificaciones completas supera a los tradicionales aguinaldos del sector público, que suelen consistir en montos fijos y de menor valor.

No obstante, la medida también ha generado discusión en torno a su impacto en las finanzas públicas. Diversos análisis advierten que el costo de implementar estos beneficios será elevado, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. A pesar de estas preocupaciones, la tendencia normativa apunta a seguir avanzando hacia una mayor equidad laboral dentro del Estado, fortaleciendo progresivamente las condiciones de los trabajadores bajo el régimen CAS.