Congreso insiste en reabrir la puerta a embarcaciones pesqueras ilegales: más de 2.000 navíos podrían ser blanqueados este año

El Congreso de la República busca nuevamente reabrir el proceso de formalización para embarcaciones pesqueras artesanales construidas fuera del marco legal.

El último intento proviene del congresista José Bernardo Pazo Nunura, quien presentó el 12 de marzo de 2026 un nuevo proyecto de ley, rotulado N.º 14212/2025-CR, luego de que un intento suyo previo fracasara.

La iniciativa pretende reincorporar cerca de 2.000 embarcaciones que quedaron fuera del régimen SIFORPA II, pese a que este mecanismo ya concluyó oficialmente y no logró regularizar toda la flota informal.

SIFORPA II: el antecedente y sus límites

El Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA II), creado por el Decreto Legislativo 1392, permitió entre 2018 y 2023 que unas 2.400 embarcaciones artesanales accedieran a la legalidad tras cumplir con diversas etapas.

Entre ellas, figuraban la verificación física por la autoridad marítima y la obtención de permisos de pesca. Sin embargo, alrededor de 2.000 solicitudes fueron excluidas al no acreditar la existencia de las naves.

El nuevo proyecto legislativo busca que embarcaciones verificadas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) puedan retomar el trámite de formalización, incluso después del cierre del proceso.

También propone que aquellas sin constancia de verificación instalen un sistema de seguimiento satelital (SISESAT) para demostrar su operatividad y acceder a una lista de espera, dependiendo de la cancelación o caducidad de permisos de otras embarcaciones.

Un debate que se repite y las objeciones técnicas

No es la primera vez que el Congreso impulsa una iniciativa similar. Proyectos previos tampoco lograron avanzar, debido a la oposición del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y DICAPI.

Las autoridades argumentan que el marco legal ya no permite reabrir el proceso y que hacerlo podría dar luz verde a embarcaciones construidas ilegalmente luego de la fecha límite.

“Tanto el PRODUCE como la DICAPI deberían oponerse nuevamente al nuevo proyecto presentado por Pazo en atención al principio de predictibilidad”, advierte Piero Rojas, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El ingeniero Iván Gomez, especialista de la Fundación Innovation for Ocean Action, sostiene que la flota artesanal está al límite y que sumar más embarcaciones pondría en riesgo especies como la pota y el perico.

“La eventual incorporación de nuevas embarcaciones implicaría un incremento del esfuerzo pesquero efectivo, lo que generaría presiones adicionales sobre el recurso y comprometería su sostenibilidad biológica”, señala.

Riesgos regulatorios y críticas del sector

Representantes del sector pesquero cuestionan la antigüedad de las verificaciones y la ausencia de garantías sobre la existencia real de las embarcaciones.

“No existe ninguna garantía de que esas embarcaciones sigan siendo las mismas o que no hayan sido reemplazadas por otras construidas recientemente de manera ilegal”, aseguró Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL).

El uso de sistemas de monitoreo satelital para validar embarcaciones no regularizadas también genera reparos. Según Rojas, aplicar este mecanismo a naves ilegales resulta una inconsistencia regulatoria, ya que el monitoreo está diseñado solo para flotas autorizadas.

Para Rojas, la propuesta de crear una lista de espera para sustituir permisos caducos tampoco tiene sustento en la Ley General de Pesca, que solo contempla esa figura para la flota industrial y de menor escala.