Fiorella Molinelli a juicio oral por adenda de Chinchero: PJ ordena enjuiciamiento y fiscalía pide 10 años de cárcel

El Poder Judicial dictó auto de enjuiciamiento contra la exviceministra y actual candidata presidencial. Se pide una reparación civil histórica de más de 268 millones de dólares, tras hallar indicios de colusión agravada

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Fiorella Molinelli busca llegar a la segunda vuelta en las elecciones generales de Perú
Fiorella Molinelli busca llegar a la segunda vuelta en las elecciones generales de Perú| Foto: Editora Perú

La jueza Fenirupd Leky Chagua Payano, titular del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó el auto de enjuiciamiento contra Fiorella Molinelli Aristondo y otros doce imputados, en el proceso penal por presunta colusión agravada en la concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Según el requerimiento presentado por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Molinelli Aristondo es sindicada como autora del delito de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal.

La Fiscalía solicita para ella una pena privativa de libertad de 10 años, además de 10 años de inhabilitación para ejercer función pública y una multa equivalente al 25% de sus ingresos diarios durante 487 días. También se demanda el pago solidario de USD 268.545.974 en favor del Estado, suma que incluye daño patrimonial y extra patrimonial.

La acusación formal contra la candidata presidencial por Fuerza y Libertad se fundamenta en su papel como funcionaria clave durante las negociaciones y la suscripción de la adenda al contrato original del aeropuerto de Chinchero. Según la Fiscalía, Molinelli, junto a otros funcionarios y representantes de la concesionaria, habría participado en la elaboración, negociación y aprobación de modificaciones contractuales que alteraron de forma sustancial los esquemas de financiamiento y condiciones de pago originalmente establecidos. Estas acciones, de acuerdo con los informes periciales y la documentación admitida en el proceso, habrían favorecido indebidamente a la empresa Kuntur Wasi en detrimento de los recursos públicos.

Fiorella Molinelli busca llegar a la segunda vuelta en las elecciones generales de Perú
Fiorella Molinelli busca llegar a la segunda vuelta en las elecciones generales de Perú| Foto: Editora Perú

El expediente judicial documenta que, tras la culminación de la investigación preparatoria, la acusación contra Molinelli superó múltiples etapas de control, incluyendo objeciones formales y sustanciales presentadas por su defensa. La jueza Chagua Payano resolvió que la acusación está “saneada” y debe ser debatida en juicio oral ante el Juzgado Penal Unipersonal de Lima. Entre los medios probatorios admitidos destacan informes de peritos oficiales, testimonios de funcionarios y directivos de Proinversión y OSITRAN, así como correos electrónicos que evidenciarían la coordinación interna entre los acusados.

¿Por qué se acusa a Fiorella Molinelli en el caso Chinchero?

Fiorella Molinelli Aristondo es señalada por la Fiscalía como autora de la presunta colusión agravada por su participación directa en la gestión y aprobación de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero. De acuerdo con el Ministerio Público, habría actuado en concierto con otros funcionarios para modificar las condiciones contractuales, permitiendo ventajas económicas indebidas para la concesionaria y generando un perjuicio económico al Estado superior a USD 268 millones. Los informes de la Contraloría General de la República y la evidencia documental analizada por peritos oficiales y de parte sostienen que estas modificaciones alteraron el balance de riesgos y obligaciones pactado en el contrato original.

Durante el proceso, la defensa de Molinelli alegó la inexistencia de perjuicio patrimonial y presentó informes periciales de parte para sustentar su posición, sin embargo, el juzgado consideró que la imputación formulada por la Fiscalía cumple con los requisitos legales para iniciar el juicio oral. El Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, participa como actor civil buscando la reparación integral del daño.