La reciente promulgación de la ley que incorpora beneficios como gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para trabajadores bajo el régimen CAS marca un cambio relevante en el sector público. Aunque la norma ya está vigente, su aplicación práctica dependerá de factores como la disponibilidad presupuestal y los ajustes administrativos que cada entidad deberá realizar en los próximos meses.
Durante una entrevista con Exitosa Noticias, el presidente José María Balcázar sostuvo que la implementación de estos derechos no debería enfrentar mayores obstáculos, siempre que se contemplen los recursos necesarios. “Sí, también. Eso se tiene que prever en el presupuesto; si se requiere de nuestro propio presupuesto o, en caso contrario, con un crédito suplementario, que sería fácil”, afirmó, al referirse a la posibilidad de otorgar gratificaciones en el corto plazo.
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Gratificaciones: pagos en julio y diciembre
Uno de los puntos más claros de la nueva legislación es el reconocimiento del pago de gratificaciones en dos momentos específicos del año: julio, por Fiestas Patrias, y diciembre, por Navidad. Cada uno de estos depósitos equivale a una remuneración mensual completa, replicando el esquema del régimen laboral privado.
En caso de que el trabajador no haya laborado durante todo el semestre previo al pago, el monto se calculará de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Esto significa que incluso quienes tengan menos meses de servicio podrán acceder a una parte del beneficio.
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Pese a que la norma ya fue promulgada en marzo de 2026, su ejecución no necesariamente será uniforme en todas las instituciones públicas. Algunas podrían cumplir con el pago desde julio de este año, mientras que otras requerirán ajustes presupuestarios antes de hacerlo efectivo.

CTS: un beneficio que se acumula
A diferencia de las gratificaciones, la CTS para trabajadores CAS no será depositada de manera periódica durante el año. La ley establece que este beneficio se acumula y se entrega únicamente cuando el vínculo laboral llega a su fin.
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Esto implica que no habrá depósitos en meses como mayo o noviembre, como ocurre en el sector privado. En cambio, el monto se calculará tomando como referencia el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio, con un ajuste proporcional en función del tiempo trabajado.
En términos prácticos, la CTS funcionará como un respaldo económico que el trabajador recibirá al momento de cesar, ya sea por renuncia, término de contrato u otra causal.
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Aplicación progresiva y factores presupuestales
Si bien la norma ya está en vigor, especialistas coinciden en que su implementación será gradual. La necesidad de modificar partidas presupuestarias y prever el impacto fiscal de estos pagos representa un reto para diversas entidades del Estado.
En ese contexto, el Ejecutivo deberá evaluar mecanismos como créditos suplementarios o reestructuración de recursos para garantizar el cumplimiento de la ley. Además, la eventual emisión de disposiciones complementarias podría ayudar a ordenar el proceso de aplicación sin alterar el espíritu de la norma.
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También se ha señalado que no todas las instituciones cuentan con la misma capacidad financiera, lo que podría generar diferencias en la velocidad de implementación de estos beneficios.
Qué deben esperar los trabajadores CAS
Para quienes se encuentran bajo el régimen CAS, el panorama es claro en cuanto a los beneficios, pero variable en cuanto a los plazos. La gratificación de julio de 2026 podría concretarse en varias entidades, siempre que existan condiciones administrativas y presupuestales adecuadas.
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En contraste, la CTS no será visible en el corto plazo, ya que su naturaleza acumulativa implica que solo se hará efectiva al finalizar la relación laboral. Por ello, no debe esperarse ningún depósito en los meses habituales del sector privado.
En síntesis, la nueva ley introduce mejoras significativas en los derechos de los trabajadores CAS, alineándolos progresivamente con otros regímenes laborales del Estado. Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo cada institución logre adaptarse a las nuevas exigencias financieras y operativas.
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