El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos oficializó la designación de Luis Alberto Vega Marroquín como director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles, entidad encargada de administrar los centros juveniles a nivel nacional. El nombramiento se concretó mediante la Resolución Ministerial N.° 131-2026-JUS, en un contexto marcado por antecedentes y cuestionamientos que han acompañado su trayectoria en el sector público.
Si bien se trata de un cargo de libre designación —lo que permite al Ejecutivo nombrar directamente al funcionario que asumirá la conducción del programa—, la elección de Vega Marroquín ha generado cuestionamientos por su perfil.
El funcionario, quien recientemente se desempeñó como gerente general del Instituto Nacional Penitenciario, arrastra denuncias en su trayectoria. Además, su información institucional en la página web del INPE ya no se encuentra disponible.
Trayectoria en gestión pública y paso por distintas entidades
Según su declaración jurada, Vega Marroquín ha ocupado diversos cargos directivos en entidades públicas entre 2020 y 2026, principalmente en Lima y Callao. Entre ellos, se desempeñó como gerente municipal en las municipalidades de La Victoria, Chorrillos y la Provincia Constitucional del Callao en distintos periodos.
También ejerció funciones como gerente de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres, así como subgerente de Serenazgo en la Municipalidad de San Isidro entre 2024 y 2026. A ello se suma su reciente paso por el Instituto Nacional Penitenciario, donde ocupó el cargo de gerente general en 2026.
En febrero de ese año, durante una entrevista con TVPerú Noticias, se refirió a la situación del sistema penitenciario y a la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización. “No podemos olvidar que nuestro sistema estaba rezagado. Esta superintendencia busca una gestión unificada, que no solo administre a los internos, sino que promueva su verdadera resocialización”, declaró.
Su trayectoria también incluye una experiencia en el Congreso de la República, donde se desempeñó como asesor del congresista Aron Espinoza en 2020. Este cargo lo asumió dos años después de su salida del Poder Judicial, en 2018, en medio del escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Sus atecedentes y cuestionamientos
El perfil del nuevo jefe de PRONACEJ también incluye su paso por el Poder Judicial, donde fue administrador de la Corte Suprema en distintas gestiones. Su salida en 2018 se dio en el contexto del caso Cuellos Blancos del Puerto, que remeció al sistema judicial peruano.
De acuerdo con una publicación del diario UNO del 1 de octubre de 2024, durante su gestión entre 2017 y 2018 su nombre fue vinculado a presuntos delitos como colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias, lo que dio lugar a una investigación fiscal preliminar bajo la Carpeta Fiscal N.° 69-2023.
El mismo medio también informó que en 2011 fue retirado de su cargo por presuntas irregularidades como la sobrevaloración de compras y por no contar con estudios universitarios. A pesar de ello, volvió a ocupar funciones públicas en años posteriores.
Asimismo, se consignó que Vega Marroquín accedió a defensa legal mediante la Resolución Administrativa N.° 285-2024-GG-PJ, emitida en mayo de 2024, hecho que generó críticas en su momento.
Denuncias ciudadanas y polémicas recientes
Las críticas a su designación no son recientes. En diciembre de 2024, en el grupo “Vecinos de San Isidro”, el ciudadano Miguel Bellido Carrizo cuestionó su presencia en la gestión municipal de ese distrito.
“Luis Alberto Vega Marroquín, un personaje señalado por corrupción, abuso de poder, enriquecimiento ilícito y lo más indignante, agresión física contra su esposa, ahora ocupa dos roles clave en San Isidro: asesor de la alcaldesa Nancy Vizurraga Torrejón y gerente de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo puede la alcaldesa confiar en alguien con semejante historial?”, señala el post.
El mismo pronunciamiento añade: “Los vecinos de San Isidro rechazamos rotundamente que este individuo, con un historial tan oscuro y vergonzoso, forme parte de la gestión municipal. ¡Exigimos su inmediata destitución y una explicación clara de la alcaldesa Vizurraga!”.
A ello se suman cuestionamientos recogidos por el diario UNo en torno a su desempeño en la Municipalidad de La Victoria, donde se alertaba sobre su permanencia en el cargo pese a su “legajo fiscal”.
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