La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió ampliar, de manera excepcional, el plazo para que partidos políticos, alianzas y candidatos presenten la primera entrega de su información financiera de campaña. La medida responde a un escenario que vuelve a repetirse en procesos electorales: la concentración de reportes en los últimos días, lo que expone una práctica de improvisación en el cumplimiento de obligaciones clave para la transparencia.
El plazo original para presentar la rendición de cuentas vencía el 20 de marzo de 2026. Sin embargo, ante el incremento de usuarios intentando registrar información en simultáneo y las dificultades reportadas desde diversas regiones, la ONPE optó por extender la fecha hasta el 27 de marzo.
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Según la resolución, el problema no solo fue técnico. La alta demanda en plataformas como el portal “CLARIDAD” y el sistema SISEN evidenció que una gran cantidad de candidatos dejó el registro de sus ingresos y gastos para el final del plazo.
Este comportamiento generó retrasos en el procesamiento de datos e incluso impidió que algunos usuarios completaran el envío de su información. Frente a ello, la entidad electoral optó por otorgar una prórroga única.
Fallas de conectividad y fecha límite
La explicación oficial combina factores técnicos y estructurales. Por un lado, las limitaciones de conectividad en regiones vuelven a aparecer como un obstáculo recurrente en procesos nacionales. Por otro, la alta demanda sobre plataformas como el portal “CLARIDAD” y el sistema SISEN evidenció problemas de capacidad en momentos críticos.
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Pero más allá de lo técnico, el episodio revela una debilidad en la cultura de cumplimiento. La concentración de registros en los últimos días no solo la saturación en los sistemas, sino que también pone en riesgo la calidad y oportunidad de la información presentada.
La transparencia en campaña no es un trámite menor. Se trata de un mecanismo para conocer quién financia a los candidatos y cómo se usan esos recursos. Cuando los reportes no se presentan a tiempo, se reduce la capacidad de supervisión y control durante el propio proceso electoral.
Además, la acumulación de registros en un corto periodo incrementa el riesgo de errores, omisiones o inconsistencias en los datos presentados, lo que podría afectar la calidad de la fiscalización posterior.
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Transparencia condicionada por la práctica política
En su decisión, la ONPE sostiene que la ampliación del plazo no altera el periodo que debe ser reportado ni el cronograma electoral. La medida, según precisa, busca facilitar el cumplimiento de una obligación legal y garantizar la transparencia en el financiamiento de campañas.
No obstante, la prórroga también deja en evidencia una tensión entre la norma y la práctica. Si bien el marco legal establece reglas claras sobre la rendición de cuentas, su cumplimiento depende, en gran medida, de la conducta de los propios candidatos y organizaciones políticas.
Multas por incumplimiento
El incumplimiento en la presentación de los reportes de ingresos y gastos de campaña puede acarrear sanciones severas. De acuerdo con lo establecido por la ONPE, no entregar esta información constituye una infracción muy grave para los partidos políticos. En estos casos, las multas pueden ir desde los S/170.500 (31 UIT) hasta los S/550.000 (100 UIT). Además del impacto económico, también se contempla la posible pérdida del financiamiento público directo, lo que afecta directamente su funcionamiento y participación política.
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En el caso de los candidatos, las sanciones también implican consecuencias económicas. Las multas para ellos oscilan entre S/5.500 (1 UIT) y S/27.500 (5 UIT), dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
Ante este panorama, la ONPE ha implementado mecanismos de apoyo para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones. La entidad ofrece asistencia técnica a las organizaciones políticas, candidatos y equipos de campaña, con el objetivo de orientarlos en el correcto registro y presentación de su información financiera.
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