Desde Maranguita se estarían coordinando extorsiones a empresarios: internos replican patrones detectados en penales de adultos

La crisis de control en los centros juveniles del país vuelve a quedar en evidencia. Lo ocurrido esta madrugada en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, donde se reportó un motín que obligó a la intervención de la Policía, no es un hecho aislado. A más de mil kilómetros, en Piura, la Fiscalía ha confirmado que desde un recinto con el mismo nombre —el centro juvenil “Almirante Miguel Grau”— adolescentes estarían coordinando extorsiones contra empresarios y emprendedores, replicando esquemas propios de cárceles para adultos.

Según el Ministerio Público, los menores recluidos habrían comenzado a participar activamente en este delito, utilizando mecanismos similares a los detectados en establecimientos penitenciarios tradicionales.

Durante requisas preventivas, los fiscales identificaron papeles con números telefónicos, apuntes y pintas en las paredes que corresponderían a posibles víctimas. Este hallazgo encendió las alertas sobre el uso de los centros de rehabilitación como plataformas para actividades criminales, un fenómeno que hasta hace poco se atribuía casi exclusivamente a penales de adultos.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Campos Hidalgo, confirmó públicamente esta información y advirtió que el problema no se limita a hechos aislados, sino a patrones reiterados que obligan a replantear los sistemas de control interno.

La respuesta fiscal y el impacto dentro de los recintos juveniles

Desde el Ministerio Público sostienen que el enfoque preventivo ha sido clave para detectar estas prácticas antes de que se consoliden. Campos Hidalgo explicó que las requisas continuas han permitido anticiparse a esquemas extorsivos en formación, aunque reconoció que estas acciones generan resistencia dentro de los centros.

“Hemos realizado varias requisas continuas a nivel preventivo y también en el centro juvenil de donde se ha venido detectando que están saliendo extorsiones. En cada operativo que los fiscales de familia están realizando se encuentran papeles con números telefónicos, pintas en las paredes con números telefónicos”, señaló.

La fiscal también advirtió que el refuerzo del control no siempre es bien recibido por los internos. “¿Cuál ha sido la respuesta en el marco de estas intervenciones preventivas en el centro juvenil? La intención de que haya una reyerta es porque el status quo, con cierto escenario que propicia o que puede progresar actos ilícitos cuando es combatido, no es evidentemente bien recibido, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, no se puede permitir que la delincuencia nos gane”, sostuvo.

Este escenario guarda similitudes con lo ocurrido en Lima durante la madrugada, cuando un motín puso en evidencia la fragilidad del control en el Maranguita capitalino, un centro que históricamente ha enfrentado fugas, disturbios y denuncias por fallas estructurales en su administración.

Alcohol, riesgo social y delitos conexos

La estrategia fiscal en Piura no se limita al interior de los centros juveniles. Las autoridades han identificado que muchos de los adolescentes que terminan vinculados a delitos graves estuvieron previamente expuestos a entornos de alto riesgo, especialmente al consumo de alcohol.

En ese sentido, la Fiscalía ha dispuesto la continuidad de operativos en bares y discotecas, como parte de una política preventiva más amplia. “Esto va a seguir a lo largo del año. ¿Por qué? Porque gran parte de la actividad delictiva se desencadena cuando el menor se ve expuesto al licor en escenarios de este tipo”, explicó Campos Hidalgo.

El objetivo, precisó, no solo es reducir accidentes de tránsito, sino frenar delitos conexos como la violencia sexual. “El tema preventivo busca evitar el consumo de alcohol, para evitar el tema de accidentes de tránsito derivados, pero sobre todo para evitar estos casos de violación sexual que se generan producto de la ingesta alcohólica”, agregó.