Fiscalía anticorrupción dispone investigar a Rafael López Aliaga por endeudamiento de S/ 4 mil millones en MML

El exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, será investigado por colusión y negociación incompatible en el proceso de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que comprometió S/ 4 mil millones mediante una emisión de bonos, considerada “irregular” e “ilegal”, según documentos difundidos este viernes por Epicentro TV.

La decisión partió de la fiscal superior anticorrupción Scarlet Laura Escalante, que ordenó al Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios emitir la disposición correspondiente.

De esa manera, la magistrada revocó la negativa previa de la Primera Fiscalía Provincial, que había descartado la denuncia presentada por el auditor independiente Julio Sifuentes. Tras la apelación de la Procuraduría Anticorrupción, el caso pasó a una instancia superior.

A mediados de 2025, el auditor denunció hechos presuntamente irregulares e indicios de delitos en el proceso de endeudamiento mediante tres emisiones de bonos titulizados. Según la denuncia y un informe remitido al Ministerio Público citados en el portal de investigación, los bonos se colocaron en el mercado financiero internacional sin cumplir normas técnicas, legales ni contables, lo cual dejó comprometidos los ingresos futuros del municipio limeño.

Sifuentes afirmó que, ante el límite legal para adquirir deuda, la administración de López Aliaga recurrió a bonos de titulización respaldados por los ingresos de alcabala y del impuesto vehicular. “Cuando Rafael López Aliaga decía que el municipio sí tiene dinero, es porque la comuna lo obtuvo endeudándose”, señaló.

El proceso de endeudamiento, según la denuncia citada, se realizó en el mercado financiero exterior y no contó con garantía del Estado. Entre junio de 2023 y 2024, el Concejo Metropolitano aprobó tres acuerdos que permitieron la emisión de los bonos; el primero de ellos autorizaba la operación en el mercado nacional, pero la colocación final ocurrió en el internacional, sin cumplir parámetros legales y financieros.

El Decreto Legislativo 1275 exigía que la deuda total de una entidad no excediera el 100% de sus ingresos. La MML superaba este límite y, por tanto, enfrentaba restricciones, siempre según el informe. La excepción permitía endeudarse solo a quienes obtuvieran dos calificaciones de riesgo iguales o superiores a BBB+ de empresas clasificadoras locales.

En esa época, las firmas Apoyo y Asociados y Pacific Credit Rating asignaron a la MML la calificación AA con perspectiva estable, basada en información financiera no auditada de 2019 a 2023. “Era una calificación que estaba por debajo de la clasificación BBB+ exigida para cumplir la excepción”, indicó el documento.

En mayo de 2023, la agencia Moody’s rebajó la calificación crediticia de la Municipalidad de Lima de BBA3 a BA1, nivel “bono basura” debido al alto endeudamiento. “En consecuencia, la Municipalidad no cumplió con las normas para el endeudamiento”, subrayó Sifuentes en su informe.

El reportaje señala que la administración del actual aspirante presidencial aprobó la Ordenanza Municipal N.º 2604, que pretendía priorizar la autonomía financiera del gobierno edil sobre la regulación nacional, y tres semanas después, el Ejecutivo emitió otro decreto de urgencia que permitió a las entidades subnacionales con calificaciones favorables endeudarse hasta por 3,5 veces sus ingresos corrientes de los últimos cuatro años.

Respaldada por esta nueva normativa, la comuna limeña contrató de manera directa a Bank of America Securities para estructurar y colocar la deuda en el mercado internacional. “(Ello) configuraría no solo un escenario de conflicto de intereses, económicos y financieros al determinar la tasa de interés y las condiciones financieras y constituirse en el único comprador de la emisión de los bonos por S/ 4 mil millones, además de constituir un proceso con conflicto de intereses totalmente irregular, que rompió todo tipo de control”, resaltó la denuncia.

El auditor argumentó que los bonos “habrían sido adquiridos por el asesor, estructurador, gestor y comprador —el mismo, el Bank of America Securities— bajo sus condiciones, como juez y parte”. La tasa de interés fijada para los bonos fluctuó entre 9,7% y 10,1%, mientras que en el mercado soberano del Perú la tasa oscilaba entre 5,6% y 6%.

“Hay, objetivamente, un beneficio fuera del mercado para el asesor, estructurador, gestor y comprador, que es la empresa Bank of America Securities”, advirtió. El pago de los bonos se extenderá durante veinte años, lo que comprometerá a cinco futuras gestiones municipales y los ingresos provenientes de tributos como la alcabala y el impuesto vehicular.

“Todo el proceso de endeudamiento ha estado plagado de irregularidades; incumplió con su naturaleza, que era vender los bonos en el mercado financiero para lograr la menor tasa de interés para el emisor, o sea, para Lima”, señaló Sifuentes, quien también mencionó “claros indicios” de que el proceso se ejecutó en concierto de voluntades entre el exalcalde, los consejos de ministros involucrados y la firma Bank of America Securities.

La oficina de prensa de Rafael López Aliaga no respondió a una consulta realizada por Infobae.