El intento de fuga de un interno en el penal de Chiclayo activó los protocolos de seguridad del sistema penitenciario y derivó en una medida excepcional. La intervención oportuna del personal evitó que el recluso lograra salir del establecimiento, en un episodio que puso a prueba los mecanismos de control dentro de uno de los recintos más vigilados del norte del país.
El caso involucra a Luis Antony Asalde Chávez, de 27 años, quien cumple una condena de 35 años de prisión por el delito de robo agravado con muerte subsecuente. Su accionar generó una respuesta inmediata por parte de los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que detectaron movimientos sospechosos en una zona restringida del penal.
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El hecho ocurrió en un punto conocido como “tierra de nadie”, un espacio cercano al torreón N.° 08. Según el reporte oficial, el interno ya se encontraba sobre la malla de contención cuando fue visto por el personal de vigilancia, lo que obligó a activar las medidas previstas para este tipo de situaciones.
La rápida reacción permitió controlar el incidente dentro del perímetro de seguridad. El interno fue reducido antes de que pudiera avanzar hacia el exterior, lo que evitó una posible fuga y activó nuevas decisiones en torno a su situación penitenciaria.
Intervención y traslado a penal de máxima seguridad
Tras la intervención, el interno fue conducido a un área de aislamiento dentro del penal, denominada ambiente de meditación, mientras la administración iniciaba un proceso disciplinario en su contra. El INPE informó que este procedimiento responde a la vulneración de las normas de seguridad del establecimiento.
La institución dispuso posteriormente su traslado al penal de Cochamarca, ubicado en Cerro de Pasco, un centro de reclusión de máxima seguridad. La medida se ejecutó mediante la Resolución Directoral N.° 002-2026-INPE/DISEPE, bajo estrictos protocolos.
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Desde el INPE señalaron que “se dispuso el traslado excepcional por medidas de seguridad”, en referencia a la necesidad de reforzar el control sobre internos que representan un riesgo dentro del sistema penitenciario. La entidad también indicó que estas decisiones buscan mantener el orden en los establecimientos del país.
El organismo penitenciario informó que se intensifican las acciones de seguridad en distintos centros de reclusión. Estas disposiciones responden a lineamientos emitidos por la jefatura institucional, a cargo de Jorge Cotos Ochoa.
Según el INPE, el fortalecimiento de los controles apunta a prevenir incidentes similares. En esa línea, la entidad reiteró su compromiso de aplicar medidas firmes ante cualquier intento de vulnerar la seguridad interna. “Se adoptan medidas drásticas y oportunas para garantizar y mantener la disciplina en todos los penales del país”, precisó la institución.
Condena y antecedentes del caso
Asalde Chávez fue sentenciado por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por un hecho ocurrido el 17 de enero de 2019, en el distrito de José Leonardo Ortiz. La investigación determinó su participación en un asalto que terminó con la muerte de la víctima, Roberto Antonio Rojas Chauca.
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De acuerdo con la información fiscal, el ataque se registró entre las calles Despensa y Panamá, cerca de las 5:10 de la tarde. La víctima se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptada por tres sujetos, entre ellos el ahora sentenciado.
Durante el asalto, el afectado opuso resistencia. En ese momento, Asalde Chávez realizó tres disparos contra su cuerpo. La víctima falleció tras el ataque.
El caso fue investigado por la fiscal Juana Vásquez Serrano, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz. Durante el proceso, el Ministerio Público presentó como prueba la declaración de un testigo protegido por la Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (UDAVIT), quien declaró bajo código de reserva.
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Además, se incorporaron informes periciales elaborados por la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de la Policía, junto con reportes de inteligencia operativa especializada en robos. Estos elementos permitieron sustentar la acusación y establecer la responsabilidad del acusado en el crimen.
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