EsSalud continúa siendo escenario de distintos cuestionamientos. Esta vez, tras revelarse presuntas irregularidades en un contrato millonario vinculado a la familia de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, recibió un pedido formal por parte del parlamentario Carlos Zeballos para abrir una investigación preliminar sobre la adjudicación del servicio de alimentación en el Hospital II Luis Heysen Inchaustegui, en Chiclayo. El contrato, por S/ 2,103,442, fue otorgado al Consorcio del Norte, representado por Magna Sánchez Terán, quien mantiene vínculos familiares y comerciales con los padres de la empresaria.
La denuncia, respaldada por reportes del programa Cuarto Poder, expone que la empresa ganadora, Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., registró como contacto un número telefónico a nombre de Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella. Además, la dirección fiscal de la empresa coincide con la de otro negocio de la madre de la empresaria, Giuliana Bocanegra. Estas coincidencias fueron confirmadas por registros oficiales y plataformas como Osiptel.
Fotografías y documentos públicos muestran la relación cercana entre Sánchez Terán y la familia Horna. Aunque al inicio negó cualquier vínculo, luego admitió haber fundado la empresa. La investigación periodística también identificó que la compañía, sin experiencia previa en alimentación hospitalaria, se asoció con un proveedor con trayectoria para cumplir los requisitos de la licitación.
¿Por qué está siendo investigado EsSalud?
El contrato firmado en abril de 2023 tenía una vigencia de 12 meses y requería altos estándares sanitarios. Sin embargo, imágenes difundidas muestran que Magna Sánchez Terán realiza personalmente las compras en supermercados y traslada los insumos en taxis, sin respetar protocolos de inocuidad. Especialistas consultados advirtieron que estas prácticas vulneran lo estipulado y ponen en riesgo la salud de los pacientes.
La Contraloría General de la República también inició una investigación sobre la comisión que adjudicó el contrato, ante posibles irregularidades y falta de transparencia en el proceso. El Ministerio Público, por su parte, debe determinar si existieron delitos de colusión o negociación incompatible por el uso de relaciones familiares y políticas para obtener contratos públicos.
Más conexiones entre la familia Horna y el Estado
No es la primera vez que el entorno de Brunella Horna y Richard Acuña aparece vinculado a cargos públicos. En 2022, se reveló la contratación de Alejandra Ojeda Morán, pareja del hermano de Horna, como asistente en el Congreso, pese a no contar con título profesional. También se detectó que Iván Saldaña Estrada, cercano a la familia Horna, ocupó puestos clave en el Parlamento y luego en EsSalud, con sueldos superiores a S/ 19,000.
Las empresas ligadas a Sánchez Terán también han prestado servicios en la Universidad Señor de Sipán, presidida por Richard Acuña, lo que refuerza el círculo de relaciones entre negocios familiares y entidades públicas.
Respuesta de EsSalud
El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que, tras la denuncia periodística sobre un proveedor del servicio de alimentación en el hospital Luis Heysen Incháustegui de Chiclayo, “la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios ha iniciado la investigación correspondiente para determinar las responsabilidades según correspondan”.
Además, desde la sede central, “se ha dispuesto que un equipo especial realice la revisión documentaria de todos los contratos de los proveedores de servicios a fin de determinar el cumplimiento de penalidades y ocurrencias en el marco de la ejecución contractual”.
La institución aseguró que facilitará a las autoridades competentes toda la información requerida, respetando el debido proceso y el marco legal vigente. “EsSalud reafirma su compromiso con la transparencia, la verdad y la rendición de cuentas, y garantizará que este hecho sea investigado con la máxima rigurosidad que la gravedad del caso exige”, manifestó la entidad, que además informó que mantendrá actualizada a la opinión pública sobre el avance del proceso.
¿Qué puede pasar ahora?
El caso pone en el centro del debate la transparencia y la ética en las contrataciones públicas. La Fiscalía de la Nación deberá determinar si inicia una investigación, mientras que la Contraloría deberá esclarecer si hubo uso indebido de influencias y si se respetaron los procedimientos legales.
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