Paro de transportistas el 5 de marzo: choferes protestan por falta de implementación de ley anti extorsiones de José Jerí

Miles de conductores de transporte urbano han sido convocados a una marcha y paro de transportistas para mañana, jueves 5 de marzo, en Lima para exigir medidas urgentes del Estado ante la creciente extorsión contra empresas de transporte público y los asesinatos que afectan al gremio.

La protesta es impulsada por las empresas afectadas y busca que se implemente la Ley N.° 32490 promulgada por el gobierno del expresidente José Jerí y que ofrece beneficios a las víctimas. Frente al incremento de ataques contra sus choferes, también se exige la implementación de otras medidas como corredores seguros y cambios de jefaturas policiales para garantizar la seguridad de los trabajadores y sus familias.

La movilización fue convocada por la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), respaldada por la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani). Abarca a choferes, taxistas y colectiveros que se reunirán en la Plaza 2 de Mayo o la Plaza San Martín y marcharán con la intención de llegar al frente del Congreso y Palacio de Gobierno.

De acuerdo con ATV, más de 8.000 conductores suspenderán sus labores durante la protesta y dejarán -al menos por un día- a los ciudadanos de Lima Metropolitana sin transporte público.

Exigen corredor seguro contra extorsiones

El gremio exige la ejecución inmediata de la Ley N.° 32490, que contempla compensaciones e indemnizaciones para los deudos de conductores asesinados. Según RPP, las demandas de los choferes incluyen la activación del plan “corredor seguro”, la remoción de jefaturas policiales en los 43 distritos de Lima y la derogación de leyes que, a juicio de los conductores, fortalecen la impunidad de las organizaciones criminales.

Otra exigencia central es el funcionamiento del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES). Según ATSUPER, este equipo—que debe articular acciones entre la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía—no opera, lo que deja al sector vulnerable y sin mecanismos reales de protección.

Violencia y asesinatos en el transporte público

La Cámara Internacional de Transporte informó que al menos en lo que va del año se registran seis transportistas asesinados víctimas del ataque de los extorsionadores y sicarios en Lima y Callao, cifra que los gremios consideran como parte de la evidencia de la gravedad de la situación. Organizaciones criminales como ‘La Federación’ estárían vinculadas a estos crímenes.

Además de las muertes, los representantes denuncian que los conductores y sus familiares quedan al margen de la cobertura del sistema estatal de seguros de salud tras los atentados. Walter Carrera, dirigente de Asotrani, relató que un ataque reciente en la avenida Gambeta dejó a la víctima sin asistencia del seguro ni del SIS, lo que refuerza las acusaciones de abandono estatal.

A pesar de operativos que permitieron la captura de miembros de bandas armadas, los gremios consideran que las acciones oficiales resultan insuficientes y reactivas, pues la inseguridad persiste y las víctimas no reciben resarcimiento adecuado.

Críticas a las autoridades y pedidos de diálogo

Frank Gómez Santillana, vocero de ATSUPER, indicó que no ha habido respuesta formal de la presidencia del Consejo de Ministros a los pedidos de diálogo del sector. “Nosotros queremos dialogar, pero advertimos que no somos condescendientes como otros dirigentes gremiales que conversan y se quedan callados”, declaró en conversación con Exitosa.

Por su lado, Walter Carrera, referente de Asotrani, expresó en Panamericana su disconformidad ante la continuidad de políticas y la aprobación de normativas que, según el sector, perpetúan la impunidad de las organizaciones delictivas. El dirigente señaló que la reciente designación de nuevas autoridades no ha generado expectativas de cambio genuino para los transportistas.

Los gremios también denuncian que los representantes de los conductores han sido excluidos reiteradamente de las mesas de trabajo sobre seguridad, mientras las autoridades priorizan el diálogo con empresarios del sector.