Marcha 8M 2026 Perú: convocan movilización este sábado 7 de marzo en el Día Internacional de la Mujer

Diversos colectivos y organizaciones anunciaron una movilización para este sábado 7 de marzo en Lima, con el objetivo de exigir acciones frente a la violencia estructural que enfrentan las mujeres y las disidencias en Perú. La convocatoria, impulsada por la Asamblea 8M, incluye a activistas, sindicatos y agrupaciones sociales que participarán en la marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer.

¿Cuándo se realizará la movilización?

La concentración está programada para las 16:00 horas en el Parque Eduardo de Habich, ubicado a espaldas del Ministerio de Salud. La movilización se desarrollará en simultáneo en varias regiones del país y busca visibilizar la demanda de justicia, seguridad y dignidad para todas las personas.

Las organizadoras resaltaron la importancia de una participación masiva para exigir cambios estructurales y la eliminación de toda forma de violencia.

La jornada del 8 de marzo en Perú se enmarca en una fecha internacional que recuerda la lucha histórica de las mujeres trabajadoras y remarca la necesidad de acciones concretas para enfrentar la desigualdad y la violencia de género.

¿Cuál será la ruta de la marcha 8M en Perú?

De acuerdo con el Movimiento Manuela Ramos, la ruta comenzará en el Parque Eduardo de Habich, ubicado a espaldas del Ministerio de Salud, punto de concentración fijado para las 16:00 p.m.. Desde ese lugar, la movilización avanzará por la avenida Salaverry, transitando frente a instituciones como el Ministerio de Trabajo y el Campo de Marte.

El recorrido continuará por la avenida 28 de Julio, una de las principales vías de la ciudad, y seguirá por la avenida España hasta llegar al área del Centro Cívico. A partir de allí, la marcha tomará el jirón Camaná.

Asimismo, concluye en el Palacio de Justicia, donde se prevé la concentración final de las participantes y la lectura de pronunciamientos.

Comunidades indígenas llegan a Lima para participar

Lideresas indígenas awajún y wampis de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, llegaron a Lima para incorporarse al bloque amazónico de la marcha del 7 de marzo. Su participación busca alzar su voz frente a la falta de atención sobre la grave situación de violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes en sus comunidades.

Las representantes del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis (COMUAWUY) demandan sanción efectiva para los agresores, protección inmediata para las víctimas y una mayor presencia del Estado en la Amazonía, tanto en recursos como en políticas públicas con enfoque intercultural.

Además de marchar, las lideresas amazónicas sostendrán reuniones con instituciones públicas, presentando sus exigencias y solicitando respuestas concretas frente a la crisis que atraviesan sus territorios.

El bloque amazónico, encabezado por estas defensoras, convoca a la ciudadanía, organizaciones sociales, colectivos feministas, pueblos indígenas y otros sectores.

Impunidad en Condorcanqui

En la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, la violencia sexual contra menores indígenas awajún y wampis constituye una emergencia no atendida. Más de 800 niñas y niños han sido víctimas de abuso, muchas veces por parte de familiares o personas cercanas, en un entorno marcado por el aislamiento geográfico y la pobreza, según reportó Cuarto Poder.

La mayoría de los casos queda en la impunidad debido a la falta de acceso a la justicia, las dificultades para denunciar, el desconocimiento del español y la débil presencia estatal. Las rutas para llegar a la capital provincial son largas y costosas, lo que limita tanto la atención médica como la judicial.

Además, la única cámara Gesell disponible casi no funciona por falta de recursos, y gran parte de las citas para declaraciones no se concretan. La desarticulación de las instituciones encargadas de proteger a la infancia se agrava con la reciente desactivación de fiscalías especializadas, dejando cientos de casos sin seguimiento. Muchas veces, las soluciones que proponen las autoridades tradicionales no garantizan justicia ni acompañamiento a las víctimas, quienes tampoco reciben apoyo psicológico ni médico adecuado.