Perú enfrenta un déficit de infraestructura que supera los 110.000 millones de dólares, según el Barómetro de la Infraestructura del Perú elaborado por EY Consultores y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
A este escenario se suma la percepción de inseguridad jurídica: el 75% de los actores del sector privado considera que las Asociaciones Público-Privadas (APP) operan bajo riesgos legales importantes.
Un déficit que supera los 110.000 millones de dólares
La inversión en infraestructura es vista como un factor clave para el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad. El 43% de los encuestados por el estudio considera que este sector tiene el mayor impacto en la economía nacional.
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Por cada 1.000 millones de dólares invertidos en obras, se generan hasta 35.000 empleos directos y 5.000 indirectos. Además, elevar el stock de infraestructura puede reducir el coeficiente de Gini entre 0,02 y 0,10, contribuyendo a disminuir las brechas sociales.
Entre 2002 y el primer semestre de 2025, las APP movilizaron cerca de 35.700 millones de dólares, con el transporte y la electricidad como sectores líderes en inversión.
Durante el periodo entre 2023 y junio de 2025, se adjudicaron 32 proyectos APP por 13.251 millones de dólares, beneficiando a 22 millones de personas.
El 83% de los encuestados considera viable ejecutar proyectos mediante APP o bajo el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G), lo que refleja confianza en estos modelos.
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Sin embargo, más del 85% califica la capacidad estatal para gestionar riesgos en contratos APP como regular o mala, mientras el 75% percibe la seguridad jurídica de las inversiones en APP como insuficiente.
La inversión en infraestructura impulsa el crecimiento y el empleo
El informe identifica que la infraestructura social, el agua, el saneamiento y las carreteras concentran el mayor potencial de inversión.
El sector educativo cuenta actualmente con 44 colegios en cartera por 615 millones de dólares, mientras que en salud hay seis hospitales en ejecución por 1.284 millones y otros diez proyectados por 4.268 millones.
En saneamiento, existen 20 proyectos por 5.465 millones. A pesar del volumen de iniciativas, solo entre el 21% y el 23% de los encuestados prevé un impacto positivo inmediato en el empleo; la mayoría espera un efecto neutral en el corto plazo.
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Las APP y el mecanismo Gobierno a Gobierno: confianza y desafíos
En cuanto a la gestión institucional, alrededor del 90% de los participantes valora positivamente el desempeño de ProInversión como promotor de APP y garante de seguridad jurídica.
El 83% de los encuestados apoya las medidas recientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para fortalecer a ProInversión y reducir la burocracia.
No obstante, más del 60% percibe como solo regular el desempeño de los organismos reguladores, y el 60% considera insatisfactoria la labor de la Contraloría General de la República en el contexto de las APP.
Finalmente, el 94% cree que la promoción de estos mecanismos en gobiernos regionales y municipales resulta insuficiente.
Sectores prioritarios y el impacto limitado en el empleo
La reciente Ley de APP (N° 32441) y el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) se consideran avances, pero el 55% de los encuestados sostiene que la inclusión de proyectos en el PNISC no garantiza su ejecución en los plazos previstos.
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Entre las principales preocupaciones figuran la baja capacidad de estructuración de proyectos, problemas de ejecución y dificultades con el licenciamiento ambiental.
El informe resalta como desafíos principales la inseguridad jurídica, las restricciones presupuestales del Estado, la falta de planificación a largo plazo y la colaboración público-privada poco estructurada.
Además, persisten limitaciones en el uso de mecanismos alternativos como los Proyectos en Activos y Gobierno a Gobierno, así como un bajo impacto laboral y una colaboración insuficiente con organismos multilaterales.
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