Familia de Hugo Bustíos denuncia impunidad y anuncia demanda internacional tras fallo del TC

El caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos vuelve a colocarse en el centro del debate sobre justicia, memoria e impunidad en el Perú. La familia del reportero anunció que recurrirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de 12 años de prisión impuesta a Daniel Urresti, decisión que ordena su inmediata excarcelación.

La resolución, adoptada por mayoría, considera que el asesinato de Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho, no constituye un crimen de lesa humanidad y, por tanto, se encuentra prescrito según la legislación penal vigente antes del año 2002. Para los familiares de la víctima y organizaciones periodísticas, el fallo consolida un grave precedente de impunidad en uno de los pocos casos que había logrado una sentencia firme por el asesinato de un periodista durante el conflicto armado interno.

Un fallo que reabre el dolor

Tras conocerse la decisión del tribunal, la hija del periodista, Sharmelí Bustíos, expresó públicamente el profundo agravio que siente la familia. Sus palabras reflejan no solo una disputa legal, sino una herida personal que permanece abierta tras décadas de búsqueda de justicia:

“Hoy es su cumpleaños, hubiese cumplido 76 años y no lo tenemos aquí. Estos trucos de plazo, de que se venció o no se venció, es tan insultante, a mí me gustaría que se prescribiera también el dolor… pero no.”

Para la familia, la nulidad de la condena impide cerrar el duelo y desconoce el largo camino judicial que permitió establecer responsabilidades por el crimen.

Los argumentos del TC

El Tribunal Constitucional sostuvo que no es posible calificar el asesinato de Bustíos como crimen de lesa humanidad debido a que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el Perú recién en 2002. En consecuencia, señaló que corresponde aplicar el Código Penal de 1924, vigente en 1988, que fija un plazo de prescripción de 30 años: 20 años ordinarios y 10 extraordinarios.

Bajo este criterio, el delito habría prescrito el 24 de noviembre de 2018. Con ese sustento, el tribunal anuló la sentencia emitida en abril de 2023 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, así como su confirmación por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en julio de 2024.

Rechazo del gremio periodístico

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) expresó su rechazo al fallo mediante un pronunciamiento público. El gremio advirtió que la decisión “abre un grave periodo de impunidad y pone en riesgo los compromisos internacionales del Estado peruano respecto de los crímenes contra periodistas”.

Subrayó, además, que la resolución no declara la inocencia de Urresti ni niega la existencia del crimen, sino que se ampara en argumentos procesales vinculados a la prescripción. En respaldo a la familia, el gremio sostuvo: “La memoria, la verdad y la justicia no prescriben”.

Acciones legales y camino internacional

Ante la anulación de la condena, la familia Bustíos confirmó que presentará el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al considerar que el fallo desconoce estándares internacionales y compromisos asumidos por el Estado peruano.

Asimismo, anunció que acompañará otras acciones legales en el ámbito interno, incluida una denuncia constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional. El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, explicó que, aunque no esperan resultados concretos a nivel nacional, estas medidas forman parte de las vías legales disponibles.

Rivera cuestionó la interpretación adoptada por el tribunal y advirtió que se habría incumplido el deber de control de convencionalidad. También alertó sobre una posible vulneración al artículo 139 de la Constitución, al considerar que los magistrados se habrían avocado indebidamente a una causa aún en trámite.

El crimen

Hugo Bustíos, periodista de la revista Caretas y presidente de la ANP en Huanta, fue asesinado en 1988 mientras realizaba cobertura periodística tras salir del cuartel de Castropampa, en Ayacucho. Inicialmente, el crimen fue atribuido a Sendero Luminoso, pero años después la justicia peruana procesó a militares, entre ellos Daniel Urresti, por la ejecución con armas de fuego y explosivos.

Para las organizaciones de prensa, el caso Bustíos representa un símbolo de la lucha contra la impunidad en los asesinatos de periodistas durante los años de violencia interna. Por ello, han reiterado que agotarán todas las instancias nacionales e internacionales para evitar que el fallo del Tribunal Constitucional cierre definitivamente el acceso a la justicia.