
Sharmelí Bustíos solicitó al Tribunal Constitucional que la incorpore en el proceso de habeas corpus con el que el excongresista de Podemos Daniel Urresti busca anular la condena de 12 años de prisión por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos.
En el escrito al que accedió Infobae, Sharmelí Bustíos argumenta que su condición de hija le otorga un "interés legítimo, directo y material en la defensa de la justicia y la vigencia de la sentencia condenatoria, la cual me reconoce como familiar de la víctima con derechos de reparación civil".
Y advierte que la decisión que eventualmente el TC, sobre todo si declara fundado el habeas corpus y ordena la libertad de Daniel Urresti, “tiene el potencial de afectar el resultado y la ejecución de la sentencia del proceso penal principal”.
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“De prosperar el habeas corpus, se podría afectar mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y a la reparación. Este interés conexo justifica mi intervención como litisconsorte facultativo, coadyuvando en la posición que defiende la validez de la sentencia condenatoria o la ejecución de esta”, se lee en el documento.

Admiten a Josué Gutiérrez
El TC ha decidido admitir la participación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en el proceso de habeas corpus presentado por el excongresista Daniel Urresti, quien busca anular su condena de doce años de prisión por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos. Esta decisión, según informó Infobae, podría tener un impacto directo en la ejecución de la sentencia penal y en los derechos de las víctimas, ya que la hija del periodista, Sharmeli Bustíos, ha solicitado ser incorporada al proceso para defender la vigencia de la condena y su derecho a la reparación.
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La intervención de Josué Gutiérrez se da bajo la figura de “amicus curiae”, lo que implica que su rol se limita a aportar conocimientos especializados y no le permite presentar recursos contra las decisiones del TC en este caso. No obstante, el análisis de su escrito de veintiuna páginas revela una postura favorable a la anulación de la condena de Urresti, aunque no lo solicite de manera explícita. En el documento, Gutiérrez sostiene que durante el proceso penal que culminó con la condena de doce años de prisión “se han producido violaciones a los principios de orden constitucional”.

Entre los argumentos expuestos, el defensor del Pueblo señala que Urresti fue condenado por hechos que no se debatieron en el primer juicio del caso Bustíos, en el que inicialmente fue absuelto, aunque esa decisión fue posteriormente anulada por la Corte Suprema, que ordenó un nuevo juicio. Gutiérrez afirma: “Quedando en evidencia la atrocidad singular de lo sucedido con relación al beneficiario (Urresti)”.
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Además, Gutiérrez cuestiona la calificación del asesinato de Hugo Bustíos como delito de lesa humanidad, utilizada para evitar la prescripción del caso. Según su análisis, el Poder Judicial habría hecho un “uso selectivo e impropio en la labor de juzgar” al invocar esta figura jurídica. También argumenta que la condena a Urresti contradice la sentencia dictada en 2007 contra los exoficiales del Ejército Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbento, quienes también fueron condenados por el asesinato de Bustíos.
En el escrito, Gutiérrez advierte: “Se advierte una discriminación procesal encubierta, en tanto la Sala introduce agravantes inexistentes, altera la calificación jurídica y aplica retroactivamente figuras que no pesaron sobre los demás coprocesados. Esta disparidad vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la ley penal, afecta la coherencia del sistema penal y quebranta la legitimidad de la decisión judicial al generar un trato desigual ante hechos que fueron previamente juzgados con criterios totalmente distintos”.
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