El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la condena contra el exfiscal Jorge Sanz Quiroz y elevó su pena a seis años de prisión efectiva tras hallarlo responsable del delito de cohecho pasivo específico. La decisión ratifica el fallo emitido en 2024 y se produce luego de que el sentenciado apelara la resolución inicial buscando su absolución o una reducción de la sanción.
Según la acusación fiscal, durante su desempeño como fiscal provincial penal en Lima, Sanz recibió un pago ilícito de 8.000 dólares con el objetivo de intervenir en el archivamiento de una investigación penal vinculada al abogado Rodolfo Orellana Rengifo, quien era procesado por el delito de lavado de activos. El caso se relaciona con actividades atribuidas a la organización criminal Red Orellana, investigada por una red de operaciones ilegales.
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Acreditación del soborno
El Ministerio Público sostuvo que el pago fue canalizado mediante un intermediario, modalidad que fue sustentada con elementos probatorios presentados durante audiencia por el fiscal superior Juan Manuel Fernández Castillo. La exposición incluyó detalles sobre la entrega del dinero y la presunta intervención funcional del exmagistrado para favorecer el archivamiento del caso.
El recurso de apelación interpuesto por la defensa fue evaluado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que confirmó la responsabilidad penal y dispuso el incremento de la pena. La resolución ratifica lo actuado previamente por la Corte Superior de Justicia de Lima, que había dictado la sentencia inicial tras el juicio oral correspondiente.
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Reparación civil y postura institucional
Como parte de la sentencia firme, el tribunal ordenó que Sanz Quiroz abone al Estado una reparación civil de 70.000 soles. Este monto se fijó en función del daño ocasionado a la administración pública y a la confianza en el sistema de justicia, de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución judicial.
Tras conocerse el fallo, el Ministerio Público señaló que la confirmación de la condena constituye un resultado relevante en su política de persecución penal contra delitos de corrupción de funcionarios. La institución indicó que este tipo de decisiones judiciales buscan reforzar la sanción efectiva de conductas ilícitas cometidas por autoridades y contribuir a la protección de los recursos públicos, así como al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones estatales.
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