Perú Libre: de intentar un golpe de Estado con Pedro Castillo a liderar el gobierno transitorio con José Balcázar

José María Balcázar, integrante del partido Perú Libre, fue elegido presidente del Congreso en una sesión plenaria extraordinaria y, conforme al mecanismo de sucesión constitucional vigente, asume también la Presidencia de la República. Bálcazar obtuvo el respaldo de 60 de los 114 votos en el Parlamento, superando la mayoría simple necesaria y consolidando el apoyo de la mayoría de las bancadas parlamentarias presentes durante una ajustada segunda vuelta contra María del Carmen Alva de Acción Popular.

La jornada parlamentaria se desarrolló en un contexto político marcado por la reciente salida del cargo presidencial de José Jerí, quien no asistió a la votación del Congreso. Curiosamente, esta elección José Balcázar ocurre en un escenario donde Perú Libre intentó un golpe de Estado por parte de Pedro Castillo en 2022 que terminó con la vacancia de Castillo

Tras su proclamación, Balcázar prestó juramento y asumió formalmente la jefatura del Estado, comprometiéndose a garantizar la continuidad institucional y funcionamiento de los poderes públicos en Perú. Su designación marca el inicio de una nueva etapa política caracterizada por la transición y la necesidad de consensos legislativos para sostener la gobernabilidad en el periodo previo al cambio de mando.

Autogolpe de Pedro Castillo

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de la República, intervenir al Poder Judicial y otros organismos del Estado, así como convocar a una “asamblea constituyente” con poderes constituyentes en un plazo de nueve meses, en lo que fue ampliamente considerado un autogolpe de Estado o intento de golpe de Estado. En un mensaje televisado ese mismo día, Castillo ordenó el cierre temporal del Congreso y la reorganización de instituciones clave del sistema democrático, medidas que generaron alarma y rechazo inmediato.

La acción de Castillo, que buscaba evadir un proceso de destitución por parte del Parlamento, fue calificada por diversas instituciones y políticos como una violación del orden constitucional. El Tribunal Constitucional, así como medios de comunicación nacionales e internacionales, consideraron que este intento de concentrar poder en el Ejecutivo equivalía a un golpe al marco democrático establecido en la Constitución. La mayoría de los ministros de su gabinete renunciaron y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se negaron a respaldar sus decisiones, lo que contribuyó al rápido fracaso de la intentona.

En respuesta, el Congreso lo destituyó ese mismo día y la entonces vicepresidenta Dina Boluarte juró como presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el país. Castillo fue arrestado y posteriormente procesado por el delito de rebelión, enfrentando un juicio por su intento de golpe que incluyó solicitudes de largas penas de prisión por parte de la Fiscalía, que lo acusó de rebajar el orden constitucional para mantenerse en el poder.

Condenan a Pedro Castillo por golpe de Estado

El expresidente Pedro Castillo fue condenado por la Corte Suprema del Perú a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando buscó disolver el Congreso y reestructurar otros poderes del Estado. La sentencia fue emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema tras un proceso judicial que analizó las acciones de Castillo durante el quiebre constitucional.

El tribunal determinó que el exmandatario intentó “usurpar el ejercicio del poder” al anunciar la disolución del Legislativo y otras medidas mediante un mensaje a la nación, lo que configuró una conspiración contra el orden constitucional. Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye dos años de inhabilitación para ejercer cargo público, y aplica también a otros exministros implicados en el mismo caso.

La condena llega casi tres años después de que Castillo fuera destituido y detenido el mismo día de su intento de autogolpe, en un contexto de rechazo institucional generalizado y con amplias repercusiones políticas en el país. Su encarcelamiento y fallo judicial representan un hito en la historia reciente de Perú, marcando una sanción explícita por el intento de quebrantar el orden democrático y constitucional.