Las minas en Perú podrían dejar de ser competitivas por una disputa entre solares y termoeléctricas

La modernización del mercado eléctrico en Perú enfrenta serios obstáculos debido a la ausencia de reglamentos clave y una rotación constante en cargos estratégicos, fenómeno que ha generado un clima de incertidumbre y parálisis en la implementación de reformas decisivas para la integración de energías renovables.

La reciente designación de Nilo Rubén Pereira Torres como viceministro de Electricidad en 2026 añade otro componente al estancado avance normativo, particularmente en áreas críticas como los reglamentos de licitaciones, servicios complementarios (SSCC) y regulaciones para el operador en sistemas aislados.

El mercado eléctrico peruano enfrenta retrasos en su reforma

Según la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), representada por su vicepresidente Riquel Mitma, la demora en concretar la modernización legislativa expone a la economía a riesgos estructurales, principalmente por la falta de competencia y transparencia en el sector eléctrico.

Uno de los efectos señalados es la amenaza directa sobre la competitividad nacional, en especial en industrias intensivas como la minería, que depende de tarifas eléctricas estables y bajas. Pero todo permanece detenido en la Dirección General de Electricidad del MINEM.

Mitma advierte que, sin reglas claras para permitir la plena integración de las renovables, los elevados costos del servicio eléctrico podrían impactar el conjunto del aparato productivo e incluso transferirse al índice de precios, promoviendo la inflación.

Cambio de paradigma y competencia real en el mercado eléctrico

La reforma propuesta busca romper con años de discrecionalidad ejercida por las empresas distribuidoras, que solían suscribir contratos bilaterales opacos con generadoras, excluyendo procesos de licitación abiertos y transparentes.

Esta práctica ha sostenido, según la SPR, precios regulados cercanos a 70 USD/MWh, el doble de los 35-40 USD/MWh que obtienen los usuarios libres, limitando así la competitividad del mercado. El objetivo principal de las nuevas normas es lograr que los precios reflejen la realidad competitiva del sector, incentivando la inversión en nuevos proyectos energéticos.

Para los socios de la SPR resulta crucial poder participar en licitaciones públicas no solo con las eléctricas estatales bajo el régimen de FONAFE, sino también con distribuidoras de Lima y otras regiones, objetivo que se vislumbra hacia 2028.

Actualmente, subsiste una falta de información sobre los volúmenes y calendarios de contratación por parte de las distribuidoras, situación que impacta negativamente sobre la planificación empresarial y reduce los incentivos para competir.

Bajo el esquema normativo propuesto, todos los contratos futuros deberían publicarse, brindando a los inversionistas señales precisas para identificar oportunidades y preparar sus estrategias, “permitiendo que los actores diseñen sus ofertas para futuras licitaciones”, según indica Mitma.

Separación de potencia y energía: oportunidades y resistencia sectorial

Uno de los cambios más relevantes de la reforma radica en la separación de la contratación de potencia y energía, permitiendo que tecnologías como la solar y la eólica compitan en los bloques horarios donde son más eficientes.

Mitma sostiene que “se elimina la obligación previa de asociar potencia y energía en un solo paquete, abriendo el mercado a más participantes”. Este mecanismo está diseñado para incentivar la diversificación tecnológica y premiar la eficiencia.

La propuesta, sin embargo, ha generado resistencia en actores tradicionales, particularmente en el sector de las centrales termoeléctricas. Estas empresas perciben la medida como una amenaza directa a su hegemonía en el mercado, ya que la competencia horaria favorecería la entrada de renovables y alternativas flexibles como las baterías.

La deuda pendiente en servicios complementarios (SSCC)

El mercado peruano carece de un entorno regulado para los servicios complementarios, esenciales para la estabilidad y fiabilidad del sistema eléctrico. Estos incluyen reservas de frecuencia, inercia y sistemas de arranque inmediato.

Aunque, por ley, la provisión de estos servicios debe ser voluntaria y recompensada conforme a protocolos técnicos del COES, la ausencia de reglamento impide su desarrollo formal.

Mitma enfatiza que esta carencia normativa obliga a imponer requisitos técnicos de respaldo, como inercia sintética y regulación primaria de frecuencia (RPF), directamente sobre los proyectos renovables. Esto incrementa los costos de inversión y limita el despliegue de nuevas tecnologías limpias.

El ejecutivo, que también dirige el área de Regulación en EDF Power Solutions, señala: “Solo un mercado integrado de SSCC permitirá que los participantes elijan la mejor tecnología de respaldo, reduciendo costos para los usuarios”.

Transparencia, inversiones y sostenibilidad de largo plazo

La aprobación de los reglamentos pendientes y la implementación de procesos de licitación abiertos constituyen el único camino para destrabar nuevos proyectos de energías renovables y reducir la fuerte dependencia peruana del gas natural, que actualmente representa un 40% de la oferta eléctrica y cuya vida útil se estima en apenas 13 años de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Mitma sostiene que “sin reglas claras, la única opción de un proyecto renovable es vender energía a quien ya tiene potencia firme, lo que limita la competencia”. Esta falta de certidumbre desalienta inversiones y restringe la entrada de nuevos operadores en el mercado.

El impacto trasciende el sector eléctrico y golpea especialmente a la minería, que requiere tarifas competitivas para sostener su atractivo internacional. Mitma advierte que “si la electricidad es cara y poco competitiva, la industria nacional pierde atractivo y puede verse afectada la viabilidad de grandes inversiones, sobre todo en minería, que es intensiva en consumo eléctrico”.

De esta manera, la SPR insiste en que retrasar la modernización del mercado y la apertura competitiva compromete la competitividad del Perú, con riesgos concretos para el crecimiento económico nacional y la sostenibilidad de largo plazo.