Perú vería apagarse la mitad de su matriz energética en los próximos 13 años, pero las termoeléctricas no quieren competencia

La controversia por la nueva reglamentación de la Ley 28832, modificada en 2025 por la Ley N° 32249 para promover la inversión en recursos energéticos renovables (RER), ha escalado en el sector eléctrico peruano.

En medio de advertencias sobre un posible desabastecimiento del suministro nacional debido al avance de la energía solar y otras fuentes menos contaminantes, el exviceministro de Electricidad, Jaime Luyo Kuong, sostiene que el verdadero riesgo no radica en las renovables, sino en la demora de la actualización normativa y la falta de reglas claras para el mercado.

Y es que hay un dato crítico: la principal fuente de electricidad en Perú es la energía hidroeléctrica, que genera aproximadamente el 50% al 53% de la electricidad total del país, pero le sigue en importancia la generación termoeléctrica, principalmente utilizando gas natural (cerca del 39-47%).

¿Diagnósticos alarmistas y el verdadero perfil de la demanda?

Según el especialista, mantener el sistema anclado en criterios obsoletos expone al país a vulnerabilidades mucho más severas que la integración ordenada de nuevas tecnologías. Para Luyo, el debate actual se alimenta de diagnósticos alarmistas que no se ajustan a la realidad técnica del sistema peruano.

Explica que la curva de demanda diaria en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) revela que, desde 2020, los picos de consumo no se producen en la noche, sino durante el día, coincidiendo con la mayor disponibilidad de energía solar.

Este cambio en el patrón de consumo responde a transformaciones económicas y sociales que han ido electrificando la actividad productiva y urbana del país.

Luyo advierte que las voces que asocian la masificación de renovables con amenazas a la seguridad del suministro suelen ignorar estos datos y recurren a comparaciones internacionales fuera de contexto, como las de Chile o España, recientemente citadas por otro experto del sector, Arturo Vásquez Coradno.

Chile, por ejemplo, tiene un sistema radial y enfrenta problemas de congestión y vertimiento debido a la geografía y a la concentración de renovables en el norte. El sistema peruano, en cambio, es mallado, más ancho y con menor exposición a esos riesgos, lo que permite una integración más flexible de energía intermitente, confiere.

Margen para el crecimiento renovable y riesgos del gas natural

Así, el catedrático y experto en energías subraya que la penetración de renovables no convencionales en Perú apenas llega al 10%, mientras que en Chile supera el 38%.

Por tal motivo, considera que existe margen para un crecimiento sostenido de las renovables, siempre que se implementen mecanismos que garanticen la estabilidad del sistema, como los servicios complementarios.

La preocupación central, según Luyo, no es la expansión de la energía solar, sino la persistente dependencia del gas natural. Advierte que, al 2025, las reservas desarrolladas solo cubrirán 13 años de consumo, y la capacidad de producción ya está cerca del límite.

Por eso, califica de insostenible cualquier apuesta por aumentar la generación termoeléctrica a gas y recuerda que hasta el COES ha pedido una mayor presencia de renovables para fortalecer la seguridad energética.

Demoras regulatorias y propuestas de arquitectura de mercado

En el plano regulatorio, Luyo atribuye la demora en la publicación de normas clave a la resistencia de ciertos gremios eléctricos. La falta de reglas claras para la integración de renovables y servicios complementarios genera incertidumbre y limita la capacidad de adaptación del sistema frente a nuevos desafíos tecnológicos y de mercado.

Para el exviceministro, la experiencia internacional demuestra que los mercados de servicios complementarios, como la regulación de frecuencia y voltaje, son herramientas probadas para mantener la estabilidad del sistema y evitar apagones.

Sin embargo, en Perú, el desarrollo de estos mercados se ha visto frenado por la inestabilidad política y los cambios constantes en la conducción del sector energía. Cada quién defiende su negocio.

El exviceministro señala que una arquitectura regulatoria adecuada debe definir con precisión qué servicios se adquieren por subasta, licitación o compra directa.

También propone centralizar el control de frecuencia y voltaje, introducir un mercado “day-ahead” vinculante, diagnosticar y mitigar el poder de mercado, e incorporar tecnologías como baterías y sistemas grid forming. A esto suma la importancia de establecer penalidades proporcionales y mecanismos de co-optimización de energía y servicios auxiliares.

Competitividad, distorsiones y potencia firme en la regulación

Desde su perspectiva, los costos nivelados de electricidad (LCOE) ya muestran que la energía solar y eólica pueden competir en igualdad de condiciones con la generación convencional, siempre que se reconozca su aporte real de energía y potencia firme.

Sin embargo, advierte que la regulación vigente sigue favoreciendo a las termoeléctricas, que reciben subsidios indirectos a través del precio del gas y exoneraciones ambientales, distorsionando la competencia y frenando la expansión renovable.

El reconocimiento de la potencia firme de las renovables es un punto crítico. Luyo sostiene que el COES debería actualizar sus criterios técnicos para reflejar la contribución real de estas fuentes.

A pesar de la evidencia oficial, las resoluciones regulatorias aún excluyen la generación solar del cálculo de horas punta, lo que no se ajusta al perfil actual de la demanda.

“El diseño de un mercado eléctrico eficiente debe permitir la participación de todas las tecnologías renovables en subastas y licitaciones”, explica.

Luyo recomienda exigir propuestas de energía y potencia firmes y promover la introducción de sistemas de almacenamiento eléctrico para gestionar los picos de generación renovable y mejorar la operación del SEIN.

Impacto social, externalidades y urgencia de reformas

Además del impacto técnico, destaca los beneficios sociales de la expansión renovable. La generación distribuida y el desarrollo de microrredes pueden reducir la pobreza energética en comunidades aisladas.

Según Luyo, las externalidades positivas de las renovables —como menores necesidades de expansión y mantenimiento de redes, y beneficios ambientales— no son plenamente reconocidas en los análisis actuales de costo-beneficio.

Luyo advierte que la suspensión de subastas para nuevas renovables, bajo el argumento de una sobreoferta, ha sido contraproducente. Los precios obtenidos en licitaciones previas demuestran que la energía solar, eólica y biomasa son cada vez más competitivas, sobre todo en escenarios con altos factores de planta.

El exviceministro concluye que la modernización del sector eléctrico peruano requiere la publicación urgente de los reglamentos pendientes, el desarrollo de un mercado robusto de servicios complementarios y la adaptación de las reglas a la realidad tecnológica y de demanda.

Para él, solo así se podrá garantizar un sistema seguro, competitivo y sostenible que responda tanto a las tendencias internacionales como a las necesidades nacionales.