Inician investigación contra Edita Vargas tras demora en ceder cargo a Ciro Castillo en el Gore Callao

El Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Edita Vargas. El caso surge tras una denuncia presentada por Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, quien sostiene que la funcionaria continuó ejerciendo funciones como máxima autoridad regional pese a la existencia de un mandato judicial que le permitía retomar su cargo como gobernador.

De manera provisional, se plantean tres delitos: la usurpación agravada de bienes estatales —por despojar de la posesión del inmueble público mediante acciones de varios individuos—; la usurpación de función pública, referida a la continuación ilegítima en el ejercicio de atribuciones propias del cargo luego del cese de legitimidad; y la desobediencia a la autoridad, por negarse a cumplir órdenes legítimas dictadas por la autoridad policial. Entre los investigados también figura Marco Antonio Cabrera Bedoya, testigo clave en el caso contra Castillo Rojas.

El conflicto que originó la denuncia data del 2 de febrero de 2026. , De acuerdo al médico, al acudir a la sede del Gobierno Regional del Callao, ubicada en la avenida Elmer Faucett, encontró que Vargas Cerón, quien ocupaba el cargo de manera temporal, seguía ejerciendo el poder regional.

Mencionó que el personal de seguridad le impidió el ingreso, ignorando su identificación como gobernador y sin ofrecer justificación legal o administrativa. Esta restricción de acceso alcanzó también a ciudadanos que pretendían realizar trámites en la sede, lo que provocó una paralización de los servicios públicos. Ante la situación, el coronel PNP Carlos Amancio Huachín Godos solicitó que se permitiera el acceso, pero las órdenes policiales no fueron acatadas por el personal dentro del edificio.

En el marco de la investigación preliminar, la fiscalía ordenó diligencias como la toma de testimonios de los agraviados y potenciales testigos, la citación de los investigados, y el requerimiento de documentación relevante al Gobierno Regional, incluidos registros administrativos y grabaciones de seguridad que permitan esclarecer lo sucedido. Se dispuso también una inspección técnica del inmueble —con registro fotográfico y audiovisual de las diligencias— destinada a determinar si se emplearon mecanismos físicos o personal adicional para restringir el acceso.

“Confié en su voluntad”

Al momento de reasumir el cargo, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, afirmó que la exgobernadora interina, Edita Vargas, habría obstaculizado su retorno, impidiendo su ingreso inmediato a la sede regional pese al mandato judicial. “Hubiera querido no tener que estar esperando tres días para poder ingresar y hacerme nuevamente cargo del Gobierno Regional”, expresó en conferencia de prensa, mostrando su malestar por la demora.

El gobernador insistió en que la restitución debió ser inmediata y consideró que la resistencia obedecía a intereses ajenos a la institucionalidad. “No se me hizo ingresar al Gobierno Regional porque a la señora y a los que la rodean no les dio la gana de hacerme ingresar. ¿Y por qué no les dio la gana? Porque por alguna razón, por algún interés, por algo”, manifestó.

Asimismo, desestimó los argumentos de Vargas respecto a supuestos riesgos en la investigación de hechos irregulares dentro de la administración regional y recalcó que cualquier denuncia debe ser presentada ante las instancias correspondientes. “Ellos no tienen por qué estar investigando, ellos tienen que supervisar, atenerse a las cosas, y si quieren denunciar algo, que lo denuncien ante el Ministerio Público, que lo denuncien ante la Fiscalía”, subrayó.

En su pronunciamiento, Castillo defendió su legitimidad y rechazó los cuestionamientos sobre su capacidad para ejercer el cargo, señalando que el respaldo judicial y ciudadano avala su retorno: “La capacidad moral me la da el juzgado que me está reinsertando en la función para la que me eligió el pueblo. Moralmente, me siento con condiciones de no defraudar a la población chalaca”. Además, reiteró su disposición para atender cualquier observación administrativa y aseguró que cualquier irregularidad debe ser canalizada por las autoridades competentes.