El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, cuestionó la falta de resultados del gobierno frente al incremento de extorsiones, atentados y asesinatos que golpean al sector transporte en la capital.
El dirigente transportista expresó su preocupación luego de un nuevo ataque contra la empresa Z Buss, donde delincuentes arrojaron una granada tipo piña contra su local en Independencia. El dirigente sostuvo que los hechos violentos se repiten incluso después de reuniones entre autoridades, sin que exista una estrategia efectiva de control.
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En declaraciones a Exitosa Noticias, Vargas vinculó la continuidad de los atentados con la ausencia de un trabajo conjunto entre las instituciones que deben investigar, perseguir y sancionar a las organizaciones criminales. “Se tiene que trabajar de manera articulada”, sostuvo al reclamar respuestas inmediatas ante hechos que, según describió, se repiten incluso después de reuniones y anuncios.
La situación se agravó con el reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre 64 conductores de transporte público asesinados en lo que va del 2026. Para el dirigente, los ataques con explosivos, amenazas y asesinatos ya no son episodios aislados, sino parte de una crisis que se instaló en el transporte urbano y que, advirtió, sigue escalando sin resultados visibles.
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Falta de articulación agrava la inseguridad, advierte
Vargas afirmó que la violencia asociada a las extorsiones se mantiene porque las instituciones actúan “cada uno por su cuenta”, sin coordinación sostenida. En su diálogo con Exitosa Noticias, puso como ejemplo lo ocurrido días atrás con la empresa TUPSA: “Amenazan, matan, la policía se reúne y al día siguiente los delincuentes nuevamente matan. Es inaudito, ya no hay control”.
El dirigente insistió en que el problema no radica únicamente en capacidades operativas, sino en una falta de decisión política para enfrentar de manera conjunta a las bandas. “¿Cuándo van a ponerse a trabajar juntos la policía, Ministerio Público y el Poder Judicial?”, preguntó, al señalar que los transportistas se sienten expuestos incluso en zonas donde debería existir mayor vigilancia.
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En esa misma línea, cuestionó el papel disuasivo de los sistemas de seguridad urbana y pidió que se traduzcan en respuestas concretas. “Las cámaras y los halcones”, dijo, en referencia al patrullaje motorizado, al sostener que no resuelven el problema de fondo, pero sí deberían servir para contener y reducir la impunidad en ataques que se cometen a plena vista.

Critica brecha entre presupuesto anunciado y acciones reales
Vargas también apuntó a lo que consideró un vacío entre anuncios y ejecución. “¿Dónde está el presupuesto del que habló el fiscal Cotrina?”, reclamó, y aseguró que existe malestar incluso dentro de las propias instituciones por la falta de medidas aplicables en el corto plazo.
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Según relató, el fiscal Jorge Chávez Cotrina “salió del Ministerio del Interior” molesto luego de recibir, en su versión, ofrecimientos que no se tradujeron en acciones de trabajo. Para Vargas, esa escena reflejó un problema mayor: la ausencia de una estrategia integral para enfrentar el cobro de cupos, los atentados y el sicariato que golpean al transporte público.
En su evaluación, la crisis se encuentra en un punto en el que la violencia dejó de ser excepcional y se volvió reiterativa. “Nuestros gobernantes no quieren hacer absolutamente nada”, afirmó, al advertir que se está empujando a la ciudadanía y al gremio a un escenario de protesta y presión social para exigir respuestas.
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Extorsionadores atacan otra vez a Z Buss
La empresa Z Buss fue atacada nuevamente luego de que dos sujetos en motocicleta arrojaran una granada tipo piña contra la fachada de su local, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Independencia, según relataron testigos. Tras lanzar el explosivo, los atacantes huyeron.
En medio del atentado, una trabajadora que se encontraba fuera del establecimiento logró patear la granada hacia la pista, lo que evitó que quedara en la entrada principal y redujo el riesgo de una tragedia. Luego del hecho, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) aislaron el área y neutralizaron el artefacto, mientras se restringía el tránsito por razones de seguridad.
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De acuerdo con información policial incluida en el reporte, este sería el segundo ataque contra la empresa en menos de una semana, lo que reforzó la hipótesis de un nuevo episodio vinculado al cobro de cupos por organizaciones criminales.
PNP reporta 64 choferes asesinados en lo que va del año
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que 64 conductores de transporte público fueron asesinados en todo el país en lo que va del 2026, una cifra asociada —según el reporte— a redes criminales dedicadas a extorsionar mediante amenazas y ataques contra empresas y trabajadores del sector.

Arriola detalló, además, que la institución atendió 95 atentados contra empresas de transporte en el mismo periodo. Entre las modalidades reportadas figuran disparos, detonaciones de explosivos y el envío de sobres con cartuchos de dinamita o municiones, acciones usadas para intimidar y forzar pagos ilegales.
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La PNP advirtió que el transporte público se convirtió en uno de los principales objetivos de estas organizaciones. Mientras las autoridades señalaron que continúan con operativos e inteligencia para identificar y capturar a los responsables, los transportistas insistieron en que la respuesta estatal aún no se tradujo en resultados que frenen la ola de violencia.
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