Ciro Castillo regresa al GORE Callao: Consejo Regional pide a la PNP y Fiscalía garantizar restitución del gobernador

Tras días de incertidumbre jurídica, el Consejo Regional del Callao decidió tomar una postura definitiva y confrontacional: solicitó formalmente la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público para garantizar la restitución inmediata de Ciro Castillo Rojo Salas en el cargo de gobernador regional.

Esta medida surge como respuesta directa a las declaraciones de la gobernadora interina Edita Vargas y el reciente fallo del Poder Judicial que levantó la orden de prisión preventiva que pesaba sobre el médico, permitiéndole afrontar sus investigaciones bajo comparecencia con restricciones.

A través de un contundente comunicado oficial, el máximo órgano legislativo del primer puerto reafirmó su respeto irrestricto al marco legal y a las disposiciones emitidas por los tribunales. Los consejeros señalaron que, ante la nueva situación jurídica de Castillo Rojo, su restitución no es un tema de debate político, sino una obligación legal que no requiere de acuerdos administrativos adicionales.

“Nos reafirmamos en el respeto a las decisiones judiciales y a la normatividad aplicable, por lo cual resulta innecesario un acuerdo de Consejo Regional para la restitución del señor Ciro Castillo Rojo Salas en su cargo como gobernador”, puntualiza el documento firmado por los miembros del pleno.

Según la interpretación del Consejo, la suspensión del cargo fue una medida temporal derivada de su reclusión; una vez que esta cesó, el derecho de retomar el mando se reactiva de forma automática según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

En sintonía con el Consejo, la defensa legal de Castillo Rojo, encabezada por el abogado Humberto Abanto, mencionó que no existe obstáculo jurídico para que su patrocinado reasuma funciones. El letrado aseguró que la suplencia que actualmente ejerce la vicegobernadora Edita Vargas tiene un carácter estrictamente temporal y subsidiario.

“Terminada la situación que impedía el ejercicio del cargo, es obligatorio el cese de la suplencia y la asunción por el titular”, afirmó el letrado. Para la defensa, cualquier intento de dilatar el retorno de Castillo Rojo podría configurar un delito de resistencia a la autoridad y usurpación de funciones por parte de la actual administración interina.

Edita Vargas y la alerta por el “saqueo” de información

En diálogo con Canal N, Edita Vargas manifestó su profunda preocupación por el destino de las pruebas documentales que sustentan las investigaciones por el caso ‘Los socios del Callao’. Aunque aseguró que respetará el marco legal, advirtió que un regreso apresurado y sin supervisión de Castillo Rojo representa un riesgo enorme para la integridad de los expedientes.

“El gobierno regional no puede quedar acéfalo, pero tampoco puede ser entregado sin garantías. Si es que el señor regresa, se corre el riesgo de que la información clave sobre irregularidades desaparezca de las gerencias”, enfatizó.

Detalló que áreas estratégicas como Logística, Tesorería y Administración se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Además, denunció que la reaparición pública del suspendido gobernador estuvo acompañada de actos de violencia. Relató que una “turba enorme” intentó ingresar por la fuerza a la sede regional, lo que obligó a suspender las labores presenciales y optar por el trabajo remoto para salvaguardar la vida de los servidores públicos.