La deuda coactiva se ha convertido en un foco relevante de riesgo financiero para las empresas peruanas. Este estado no solo refleja obligaciones tributarias impagas, sino que marca una etapa en la que la administración tributaria puede iniciar acciones de cobro forzoso, con efectos directos sobre la liquidez y la continuidad operativa.
De acuerdo con información oficial del 2025, más de 1.100 empresas mantienen deudas en cobranza coactiva superiores a 10 UIT, acumulando obligaciones exigibles que superan los S/ 3.400 millones, según la Sunat. Este nivel de exposición evidencia deficiencias en la planificación tributaria y en la gestión del flujo de caja de corto plazo.
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Un punto crítico en la gestión tributaria
La deuda coactiva representa el momento en que una obligación tributaria pasa a un nivel de mayor severidad. A diferencia de una deuda vencida, esta fase faculta a la Sunat a ejecutar el cobro sin autorización judicial, reduciendo el margen de acción del contribuyente.
“La deuda coactiva es el punto en el que un asunto tributario se convierte en un riesgo financiero crítico. Desde ese momento, la empresa deja de administrar tiempos y empieza a operar bajo presión, con impactos inmediatos en su liquidez y en su relación con bancos, proveedores y clientes”, señala Vicente Cruz, CEO de Sheriff.
Plazos breves y medidas de ejecución forzosa
El procedimiento se activa cuando una orden de pago, resolución de determinación o resolución de multa queda firme por falta de pago o de impugnación dentro de los plazos legales. Tras la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva, el contribuyente cuenta con siete días hábiles para cancelar la deuda.
Vencido ese plazo, la Sunat puede aplicar medidas como la retención de fondos, la intervención de la recaudación diaria o la inscripción de cargas sobre bienes, lo que afecta directamente la operatividad del negocio.
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Efectos inmediatos sobre el flujo de caja
Desde el ámbito financiero, la cobranza coactiva impacta de forma directa en el flujo de caja. La inmovilización de ingresos y la alteración de la programación de pagos generan tensiones que pueden derivar en incumplimientos con trabajadores, proveedores y entidades financieras.
“Desde la perspectiva financiera, una medida de cobranza coactiva tiene un efecto inmediato sobre el flujo de caja: congela ingresos, altera la programación de pagos y genera incumplimientos en cadena con trabajadores, proveedores, entidades financieras y clientes. En muchos casos, la empresa no cae por el tamaño de la deuda, sino por la imposibilidad de operar con normalidad”, explica Cruz.
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Impacto en la cadena de valor y el acceso al crédito
El riesgo asociado a la deuda coactiva también alcanza a la cadena de valor. Si un proveedor se encuentra en esta situación, la Sunat puede ordenar que los pagos se realicen directamente al fisco, trasladando al cliente una responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento.
Además, las empresas con deuda exigible pueden enfrentar restricciones en el acceso al crédito y en la contratación pública, incluyendo su exclusión del Registro Nacional de Proveedores, en un contexto de mayor fiscalización y exigencia financiera.
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