Once años después del asesinato de cuatro líderes indígenas que denunciaron la tala ilegal en la Amazonía peruana, la memoria sigue viva gracias a la resistencia de quienes se negaron a guardar silencio.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) otorgó un reconocimiento especial a las viudas y a la hija de los dirigentes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya–Saweto, en honor a su sostenida lucha por justicia, reparación y defensa del territorio ancestral.
El reconocimiento destaca el papel fundamental de Lita Rojas, Ergilia Rengifo, Julia Pérez y Lina Rojas, mujeres que durante más de una década han enfrentado el abandono estatal, amenazas constantes y un proceso judicial largo y doloroso, sin dejar de exigir que el crimen de Saweto no quede impune.
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Once años de lucha frente a la impunidad
El asesinato de Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez ocurrió el 1 de septiembre de 2014, luego de que denunciaran reiteradas amenazas de madereros ilegales en la región Ucayali. Desde entonces, sus familias han sostenido una batalla desigual frente a un sistema que tardó años en responder.
Durante la ceremonia, la CNDDHH subrayó que este reconocimiento no solo honra el dolor transformado en fuerza, sino también el liderazgo y la dignidad de mujeres indígenas que interpelaron al país entero sobre la deuda pendiente con los pueblos amazónicos y la urgencia de proteger a quienes defienden los bosques.
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“Por su incansable búsqueda de verdad y justicia, su compromiso con las víctimas que dejaron una huella que les sigue durando hasta hoy. Durante 11 años, las viudas de Saweto sostuvieron un proceso incansable de exigencia y búsqueda de justicia, enfrentando un camino judicial largo y doloroso”, señaló la Coordinadora.
“No voy a bajar la guardia”
Durante el acto de premiación, Ergilia Rengifo, viuda del dirigente Jorge Ríos, expresó que la lucha no ha terminado y que las vulneraciones continúan.
“Agradezco mucho por habernos invitado. Como mujer ashéninka, voy a seguir luchando y no voy a bajar la guardia porque siguen atropellando mis derechos. Hasta ahora no encontramos justicia”, afirmó.
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Sus palabras reflejan una realidad compartida por muchas defensoras indígenas: el reconocimiento simbólico es importante, pero la justicia material sigue pendiente.
Sentencias ratificadas, pero responsables prófugos
En agosto de 2025, once años después del crimen, la Primera Sala Penal de Ucayali ratificó la sentencia condenatoria de 28 años y 3 meses de prisión contra los responsables del asesinato: Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix.
Sin embargo, ninguno de los sentenciados estuvo presente en la audiencia y, hasta hoy, permanecen prófugos. Esta situación mantiene en riesgo a las familias, quienes temen represalias o una eventual fuga hacia la frontera con Brasil.
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“Lo que falta ahora es que se ejecute la sentencia, que los capturen. No podemos esperar más”, señaló meses atrás la abogada Rocío Trujillo en declaraciones a Canal N.
El reconocimiento otorgado por la CNDDHH busca también renovar el llamado al Estado peruano para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantice la reparación integral a las familias y adopte medidas efectivas de protección para defensores y defensoras indígenas.
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