El Centro de Lima se prepara para una jornada de intensas movilizaciones este miércoles 28 de enero. La capital presenciará la denominada “Marcha de Sacrificio”, integrada por familiares y deudos de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023, y la movilización convocada por la “Generación Z” que agrupa a diversos colectivos juveniles.
Ante este escenario, la Municipalidad de Lima anunció un reforzamiento de su sistema de vigilancia mediante el despliegue de quince drones, cuatro de los cuales cuentan con inteligencia artificial para monitorear el avance de las columnas hacia el Congreso de la República. Según informó la comunca, esta medida tecnológica busca resguardar a los ciudadanos y proteger el patrimonio cultural del Cercado de Lima.
Puntos de concentración
El punto de encuentro principal para los colectivos juveniles se ha fijado en el puente Atocongo a las 8:00 a. m., con el objetivo de manifestarse contra el presidente interino, José Jerí, y denunciar la crisis de inseguridad que afecta a transportistas y empresarios.

Sin embargo, el foco de atención también recae en los deudos que llegan desde regiones como Puno, Ayacucho y Cusco, quienes exigen justicia a un año de la muerte de Víctor Santisteban.
Denuncian hostigamiento policial
La implementación de drones con IA se da en un clima de alta tensión, ya que los familiares de las víctimas han denunciado ser víctimas de reglaje y seguimiento por parte de la Policía Nacional del Perú durante su trayecto hacia Lima.
Lo que los deudos consideran un recorrido de memoria y exigencia de justicia se ha visto marcado por la presencia constante de patrulleros que han seguido su vehículo desde localidades como Valle del Tambo, Mollendo y Camaná.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Deudos de los Fallecidos, denunció públicamente que esta vigilancia responde a “órdenes superiores”, lo cual calificó como una forma de intimidación y revictimización. “Están violando nuestro derecho a la protesta y al libre tránsito”, afirmó el dirigente, responsabilizando a las autoridades del Ministerio del Interior por cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad de los manifestantes, entre los que se encuentran adultos mayores y niños huérfanos.
Recientemente, se reportó la detención arbitraria de dos personas que participaban en la caravana de familiares en el distrito de Chilca. Según denunció la congresista Ruth Luque, los efectivos policiales intervinieron a los manifestantes de forma arbitraria e incluso retuvieron sus documentos de identidad sin ofrecer una explicación clara sobre los motivos de la detención.
Luque cuestionó que el despliegue policial sea preventivo. Por el contrario, advirtió que lo observado constituye una forma de criminalización y hostigamiento. La parlamentaria también denunció que efectivos de la Unidad de Servicios Especiales habrían intentado impedir el registro fotográfico y de video de la movilización
Un reto para la gestión en la capital
El arribo de las delegaciones regionales, bajo la consigna Uyariy (“ser escuchados”), busca visibilizar el reclamo de justicia por las más de 50 personas asesinadas en las protestas a nivel nacional. No obstante, el uso de drones con tecnología de punta por parte de la Municipalidad ha generado suspicacia entre los manifestantes, quienes temen que estos dispositivos se utilicen para la persecución de sus dirigentes en lugar de garantizar la seguridad ciudadana.
A pesar del despliegue tecnológico y la fuerte presencia policial en los accesos a la ciudad, los deudos han ratificado que su marcha continuará hasta llegar al corazón de Lima. La jornada de este miércoles pondrá a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones frente a una protesta que carga el dolor de las regiones con la indignación juvenil de la capital.
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