
El cambio de mando prometía un giro en la conducción del Estado, un nuevo reparto de responsabilidades y señales claras de distancia frente a la etapa anterior. Sin embargo, con el paso de las semanas, la administración de José Jerí muestra una escena distinta: nombres conocidos, trayectorias compartidas y vínculos que remiten de forma directa al entorno más cercano de la expresidenta Dina Boluarte. En despachos clave del aparato público, la continuidad pesa más que la renovación.
La permanencia de ciertos funcionarios no responde a cargos menores ni a tareas técnicas de bajo perfil. Se trata de posiciones estratégicas, con capacidad de decisión, influencia política y acceso directo a espacios donde se define la regulación, la sanción y la orientación institucional. Esa persistencia abre preguntas sobre los criterios aplicados por el nuevo gobierno y sobre los márgenes reales de ruptura con el pasado inmediato.
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Un informe de Cuarto Poder puso el foco en esta red de continuidades. Desde la narración inicial se plantea la duda central: “¿Qué pasa con estos funcionarios que se mantienen hoy en la gestión de José Jerí?”. La investigación describe a personajes que formaron parte del círculo más cercano de la exmandataria, que compartieron agenda, viajes y decisiones, y que ahora siguen activos bajo una nueva presidencia.
El relato no se limita a una enumeración de cargos. Expone relaciones personales, antecedentes fiscales y decisiones políticas que explican por qué estas designaciones generan ruido en un contexto marcado por la demanda de integridad y transparencia en la gestión pública.
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Carmen Giordano y el poder desde Indecopi

Uno de los nombres centrales es el de Carmen Giordano Velázquez. Su presencia en el Consejo Directivo de Indecopi no pasa desapercibida. Desde ese espacio, Giordano actúa como representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, con voz y voto en una entidad encargada de regular mercados, resolver controversias y aplicar sanciones.
La investigación recuerda que Giordano no llega al cargo como una figura distante del poder político. “Es alguien de su círculo de confianza”, se afirma en el reportaje, al detallar una relación personal con Dina Boluarte que se remonta a 2019. Esa cercanía se reflejó en actos públicos y privados, como la organización del último cumpleaños de la entonces mandataria en Palacio de Gobierno y su participación en viajes oficiales a Japón, Indonesia y la Santa Sede.
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Su nombre también figura en una carpeta fiscal vinculada al denominado caso Rolex. Antes del archivo del proceso, Giordano apareció como “la testigo clave, la persona que presenció la entrega del costoso reloj que le dio Wilfredo Corima, el Wayki, a Dina Boluarte”. Pese a ese antecedente, la gestión de Jerí no solo mantiene su designación, sino que la respalda en el mismo puesto que dejó la administración anterior.
Desde Indecopi, la figura de Giordano cobró mayor relevancia tras la polémica por la clausura de una tienda vinculada a un amigo del presidente. Jerí negó cualquier comunicación con la institución para frenar la medida. Sin embargo, el propio organismo precisó en un comunicado que los cinco miembros de su consejo directivo son designados desde el Ejecutivo, un dato que refuerza el carácter político de esas designaciones.
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Enrique Vílchez y la influencia en Servir

Otro funcionario que atraviesa ambas gestiones es Enrique Ernesto Vílchez Vílchez, exsecretario general de Palacio de Gobierno. Conocido en el entorno político por su cercanía a Nicanor Boluarte, Vílchez ocupa un asiento en el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, entidad responsable de la modernización y gestión de los recursos humanos del Estado.
Durante el gobierno de Dina Boluarte, Vílchez acompañó a la entonces presidenta en actividades oficiales y giras internacionales por Nueva York, el Vaticano y China. Desde su cargo en Palacio, firmó la resolución que clasificó como secreto el plan de seguridad presidencial en el caso Cofre.
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En la actualidad, enfrenta una investigación fiscal por un presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón. Para su defensa en ese proceso, Dina Boluarte autorizó el pago de setenta mil soles a su abogado con fondos del Estado, un hecho que refuerza la percepción de cercanía y respaldo político.
La lista de continuidades no se agota en Giordano y Vílchez. David Hernández, exjefe de la Autoridad de Transporte Urbano durante el gobierno de Boluarte, dejó el cargo y, tres meses después, retornó al Estado tras la llegada de José Jerí. Su restitución se produjo en un contexto de creciente atención sobre la ATU, luego de revelaciones periodísticas que señalaron posibles intereses de empresarios chinos cercanos al presidente en esa institución.
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Otro caso emblemático fue el de Iván Paredes Yataco, expresidente del INPE. Jerí decidió respaldarlo durante meses, pese a críticas y cuestionamientos acumulados desde la gestión anterior. Recién ante la presión política y los rumores de una posible censura, el presidente aceptó su salida, que se formalizó mediante una carta de renuncia hecha pública esta semana.
Mientras el presidente evita responder preguntas y esquiva los cuestionamientos de la prensa, la escena que se configura es la de un gobierno que inicia su camino con un peso evidente del pasado. Las figuras del círculo de confianza de Dina Boluarte siguen presentes, ahora bajo el mando de José Jerí, en posiciones donde la política y la administración pública se cruzan sin demasiadas explicaciones.
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