La reciente requisa ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, volvió a poner en evidencia un problema estructural del sistema carcelario peruano: la capacidad de los internos para organizar y mantener actividades ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
El operativo, ordenado por la presidenta encargada del INPE, Shadia Valdez Tejada, tuvo como objetivo maximizar el control y reforzar el principio de autoridad en uno de los recintos más conocidos del sistema penitenciario. La intervención se enmarca, además, en la política de gobierno de lucha contra la criminalidad y las extorsiones, un delito que, según la propia institución, continúa siendo coordinado desde las cárceles.
Durante la requisa, realizada en el pabellón 2 de mediana seguridad, los agentes penitenciarios desinstalaron conexiones eléctricas irregulares e incautaron tomacorrientes que, de acuerdo con el INPE, pueden ser utilizados por los internos para realizar llamadas extorsivas.
Además de las conexiones eléctricas, se incautaron objetos punzocortantes y más de 20 litros de líquido fermentado conocido como “chicha canera”, cuyo consumo está prohibido. Estos elementos refuerzan la idea de que, más allá del delito de extorsión, dentro del penal persisten dinámicas de informalidad y control paralelo que ponen en riesgo la seguridad interna y externa.
Un operativo nocturno para recuperar el control del penal
La operación comenzó a las 22:00 horas del sábado 24 de enero y fue liderada por el director del establecimiento penitenciario, Oscar Janampa Paz, junto al director de la Oficina Regional Lima, Adán Rojas Ruiz. Participaron 25 agentes penitenciarios, servidores y autoridades, quienes revisaron cada una de las celdas, las pertenencias de los internos y áreas comunes como servicios higiénicos, comedor y aleros.
Como parte del protocolo, los internos fueron trasladados uno a uno al patio del pabellón para la revisión corporal, cumpliendo los procedimientos de seguridad penitenciaria. La institución calificó la intervención como una revisión exhaustiva, orientada a recuperar el control del recinto y erradicar toda actividad ilícita.
Para la presidenta encargada del INPE, la seguridad y el control de los penales a nivel nacional constituyen una prioridad de su gestión. Según la institución, este enfoque busca contribuir a la seguridad ciudadana y frenar los actos ilícitos organizados desde los establecimientos penitenciarios que afectan la tranquilidad de los peruanos.
Los vacíos del sistema y la promesa de erradicar lo ilícito
Sin embargo, los propios resultados del operativo dejan al descubierto una realidad incómoda: la existencia de tomacorrientes, cables, armas punzocortantes y alcohol fermentado dentro de un penal de mediana seguridad plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles previos y la capacidad del Estado para impedir que las cárceles funcionen como plataformas del crimen organizado.
La reciente requisa en Castro Castro evidencia cómo, pese a los dispositivos de seguridad impulsados desde el Gobierno, los internos logran crear condiciones mínimas para sostener actividades ilícitas. En ese contexto, la ofensiva del INPE aparece como un intento de retomar el control en los establecimientos penitenciarios y minimizar las extorsiones coordinadas desde estos centros. El presidente interino, José Jerí, indicó que estas intervenciones continuarán en todos los penales a nivel nacional.
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