La deflagración mortal de Villa El Salvador cumple 6 años: 34 fallecidos, decenas de heridos y una tragedia que pudo evitarse

Han pasado seis años desde la tragedia que marcó para siempre a Villa El Salvador. El 23 de enero de 2020, la deflagración de un camión cisterna cargado con gas licuado de petróleo (GLP) cobró la vida de treinta y cuatro personas y dejó a más de cincuenta heridas. Los vecinos volvieron a reunirse en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Viña del Mar, donde una cruz marrón recuerda a las víctimas y a las familias que aún conviven con la ausencia, el dolor y las secuelas que dejó la negligencia.

Las viviendas destruidas, los rostros marcados por las quemaduras y el trauma, y las historias interrumpidas por la tragedia siguen presentes en cada rincón del barrio. El conductor del vehículo, Luis Guzmán Palomino, fue condenado en 2025 a cinco años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil, sanción que los afectados consideran insuficiente ante la magnitud del desastre. La herida no cicatriza: muchos sobrevivientes y familiares de los fallecidos luchan aún con problemas de salud, secuelas psicológicas y la sensación de abandono.

Benito Cafiro, vecino afectado, describió cómo la tragedia continúa impactando la vida de la comunidad: “Nos ha quedado este, estragos. Seguimos todavía con problemas de salud, con traumas. Todavía hay gente que está necesitando ayuda porque han quedado heridos. Vemos que algunos siguen su tratamiento, otros están abandonados”, relató a Exitosa Noticias.

Los hechos que desencadenaron la tragedia hace 6 años

A las 6:57 de la mañana del 23 de enero de 2020, un camión cisterna de la empresa Trans Gas transitaba por el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Viña del Mar. Un desnivel en la vía ocasionó que la tapa del tanque se desprendiera y provocara una fuga masiva de GLP. El gas se expandió rápidamente por viviendas y calles; una chispa accidental bastó para desencadenar la deflagración que consumió todo a su paso.

El vehículo, modificado para transportar gas, no resistió la falla estructural en la pista —una deficiencia atribuida a obras municipales anteriores—. El incidente reveló fallas graves en la supervisión estatal: el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) había autorizado la operación de la empresa, sin advertir los riesgos. La explosión obligó a cientos de personas a huir. Las escenas de desesperación, los gritos y las quemaduras de tercer grado marcaron a la comunidad. Los hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud atendieron a las víctimas en estado crítico.

La responsabilidad, según los vecinos, no solo recae en el conductor. El camión ya había protagonizado un incidente similar en 2018 y la empresa Trans Gas no corrigió los riesgos. La falta de mantenimiento en la vía, sumada a la inacción de las autoridades municipales, contribuyó al desastre.

Seis años de abandono para las víctimas

El saldo fue devastador: 34 fallecidos y decenas de heridos, once de ellos con quemaduras graves que aún requieren atención médica. El abandono estatal es una constante en los testimonios. Rolando Titimana perdió a tres familiares —un sobrino de veinte años y dos cuñados— y denunció que la atención psicológica y médica quedó “a la deriva” desde el inicio de la pandemia.

“Nosotros sentimos los seis años como si fuera ayer, porque las heridas han quedado y son imborrables. Son tres familiares que hemos perdido. Yo he sufrido un trauma y estaba en un proceso psicológico”, explicó Titimana. Muchos heridos siguen necesitando operaciones y tratamientos, mientras otras familias han quedado en el olvido. “Mi sobrino de veinte años se perdió totalmente quemado, mi cuñado murió en el instante carbonizado y mi otro cuñado con una herida de casi ochenta por ciento de quemaduras”, detalló.

El dolor se refleja en los carteles que cuelgan en las casas afectadas: “Sin justicia, no hay paz. La vida no tiene precio, un ser querido no se reemplaza. Exigimos justicia”.

Familias esperan justicia

La condena al conductor y las sanciones económicas impuestas a la empresa no han satisfecho a los familiares de las víctimas. Consideran que la respuesta judicial ha sido insuficiente y que las autoridades han dejado en el abandono a quienes más lo necesitan. “La justicia es solo para ellos, los ricos, pero para nosotros los pobres, no hay”, denunció Titimana.

El proceso judicial avanzó lentamente y una de las investigaciones de la Fiscalía fue archivada en 2021, reforzando la percepción de impunidad. Los familiares exigen reformas que garanticen una respuesta penal más severa y la prevención de nuevas tragedias.

La deflagración de Villa El Salvador evidenció la urgencia de supervisar el transporte de materiales peligrosos y de fortalecer la vigilancia sobre las empresas autorizadas. Expertos en seguridad insisten en la importancia de normativas estrictas, inspecciones rigurosas y sanciones ejemplares para quienes incumplen. La responsabilidad de las autoridades municipales en el mantenimiento de la infraestructura vial sigue siendo motivo de reclamo.

Después de seis años, la comunidad de Villa El Salvador no olvida. Las heridas físicas y emocionales permanecen abiertas y la búsqueda de justicia continúa. La memoria de las víctimas exige atención, reparación y cambios reales para que un desastre así no vuelva a repetirse.