José Jerí promulga paquetazo de reformas penales en medio del escándalo por el ‘Chifagate’

El presidente interino José Jerí promulgo hoy miércoles 20 de enero un paquete de normas legales que modifican el Código Penal y el Código Procesal Penal. Esto en el marco de la Ley 32527 que delega facultades para legislar al Poder Ejecutivo y en medio del escándalo de reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang.

Contra la minería ilegal

El primero de este grupo de reformas es el Decreto Legislativo 1695, que modifica el Código Penal para “fortalecer las medidas destinadas a combatir la minería ilegal”.

Ahora el delito de minería ilegal no solo sancionará al que haga exploración, extracción o explotación de recursos minerales metálicos o no metálicos sin contar con autorización y que pueda causar daño. También se sancionará al que obtenga beneficio de esta actividad ilegal.

Este DL también eleva la pena para el delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal. Antes este ilícito era sancionado con una pena de entre 3 y 6 años de prisión. Ahora será de entre 6 y 9 años de prisión.

Además, se tipifica el delito de tráfico ilícito de recursos minerales provenientes de la minería ilegal en los siguientes términos:

“El que traslada, acopia, almacena, transporta, custodia, oculta, comercializa, adquiere, embarca, desembarca o exporta o tiene en su poder recursos minerales metálicos o no metálicos, provenientes de actividades mineras que se encuentren fuera del proceso de formalización minera integral o que no cuente con las autorizaciones administrativas correspondientes, cuyo origen ilícito, conoce o debía presumir, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de 9 años y con 100 a 600 días-multa”.

Por último, el DL 1695 deroga la disposición del Nuevo Código Procesal Penal que permitía al fiscal abstenerse de investigar o seguir procesando a implicados en delitos de minería ilegal si es que estos suspendían sus actividades y lo comunicaban a la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Es decir, a partir de ahora, los implicados en estos delitos no podrán acogerse a este beneficio y deberán responder penalmente.

La desobediencia a la autoridad

José Jerí también promulgó hoy el Decreto Legislativo 1696 “para fortalecer el principio de autoridad”. Antes de esta norma, el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad era sancionado con una pena de entre 3 y 6 años de prisión. Ahora la pena será de entre 5 y 8 años de cárcel.

Este DL también establece que no procede la suspensión de la ejecución de la pena en las formas agravadas de los delitos de violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Justamente, una de estas agravantes, que implica una pena mayor, es cuando estos delitos se cometen contra miembros de la Policía, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular.

Tenencia compartida de armas

También se oficializó el Decreto Legislativo 1697 que tipifica la tenencia ilegal compartida de armas de fuego.

“En la actualidad, existe evidencia de supuestos en los que dos o más personas ejercen de manera simultánea el dominio y la disponibilidad material sobre un arma de fuego y/o sus municiones u objetos relacionados, aun cuando no exista una detentación física exclusiva”, justificó el Ejecutivo en una nota de prensa.

Accederán a celulares de delincuentes

Finalmente, la última reforma penal promulgada hoy miércoles es el Decreto Legislativo 1698 para la Policía pueda revisar inmediamente el material de equipos informáticos, como celulares, de detenidos en flagrancia por los delitos de extorsión, sicariato o secuestro. También se podrá acceder al contenido de estos equipos cuando sean encontrados en requisas en centros penitenciarios.

“Al término del acto de investigación, el Fiscal requiere al Juez competente la correspondiente resolución confirmatoria“, precisa la norma.

José Jerí niega irregularidades

El presidente José Jerí compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, negando toda irregularidad y anunciando que solicitará a la Fiscalía el levantamiento de su secreto de telecomunicaciones “en los próximos días” como parte de las investigaciones preliminares. El mandatario, cuya continuidad en la jefatura del Estado está bajo presión a seis meses de las elecciones generales, reiteró en conferencia de prensa que “no se cometieron actos irregulares” y expresó su voluntad de colaborar con las pesquisas oficiales.

Las reuniones entre Jerí y Yang se encuentran bajo escrutinio por posibles vínculos con tráfico de influencias y patrocinio ilegal, en tanto la comisión busca determinar si existieron gestiones fuera de la agenda oficial o favores a empresas asociadas al empresario. Durante el interrogatorio, Jerí dio detalles sobre los encuentros: precisó que la cena del 26 de diciembre de 2025 fue solo para comer, “y allí se tocó el tema del Día de la Amistad Perú-China”, aunque no era el motivo principal de la visita, mientras que el almuerzo del 9 de diciembre de 2025 también respondió a fines gastronómicos. Sobre la cita del 3 de enero, aclaró que llegó acompañado de su escolta y justificó el horario: “A mí no me interesan las horas para trabajar”.

Consultado por la adquisición de productos en el local de Zhihua Yang, Jerí admitió que recibió productos y sostuvo que “no solo se trataba de caramelos chinos”. Además, rechazó comparaciones con el caso de los relojes Rolex de Dina Boluarte, resaltando que no realizó pagos por los cuadros obtenidos en el establecimiento. Respecto a una llamada telefónica realizada en el local, Jerí indicó que fue motivada por la grabación de un video institucional que finalmente no se difundió para evitar vulnerar el principio de neutralidad.

Durante la misma jornada, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, adelantó que el grupo de trabajo continuará con reuniones semanales durante el receso parlamentario y considerará solicitar facultades investigadoras si fuera necesario para esclarecer el caso.

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