Recuperan cuatro barras con más de 35 kilos de oro de minería ilegal valorizados en casi 2 millones de dólares

La recuperación de bienes vinculados a economías ilegales vuelve a ocupar un espacio central en la agenda judicial. En Lima, una decisión fiscal coloca bajo dominio estatal un cargamento de alto valor que, según las investigaciones, procede de actividades prohibidas. El caso expone los mecanismos usados para introducir mineral de origen ilícito en el circuito comercial formal.

El proceso se desarrolla en el marco de la lucha contra la minería ilegal, un delito que mueve grandes sumas de dinero y genera daños ambientales y sociales. Las autoridades fiscales sostienen que el control sobre la trazabilidad del oro resulta clave para frenar estas redes y evitar que los recursos obtenidos ingresen al sistema financiero.

En esta oportunidad, la intervención fiscal culminó con una decisión favorable que transfiere al Estado un conjunto de lingotes de oro. El valor económico del material y las circunstancias de su adquisición colocan el caso como uno de los más relevantes del año en materia de extinción de dominio.

Demanda fiscal y características del oro incautado

La Cuarta Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima logró que se declare fundada la demanda de extinción de dominio de “un total de 35.32 kilos de oro procedente del delito de minería ilegal”. El material corresponde a cuatro barras de oro con pesos diferenciados: 9.51 kilos, 8.33 kilos, 9.07 kilos y 8.41 kilos.

De acuerdo con la información fiscal, el valor conjunto del cargamento en el mercado internacional asciende a “1 millón 869 038.98 dólares”. Tras la decisión judicial, las barras pasarán a propiedad del Estado como parte del proceso de extinción de dominio aplicado a bienes vinculados con actividades criminales.

La investigación fiscal identificó que el oro se encontraba en poder de una empresa comercializadora. Durante el proceso, esta no presentó documentación que demuestre un origen legal del mineral ni pruebas que sustenten que las compras realizadas a sus proveedores correspondían a producción obtenida dentro de concesiones mineras formales.

La investigación se desarrolló bajo la conducción de la fiscal provincial Milagros Erika Pereda Valderrama. Según los actuados, los proveedores de la empresa requerida tampoco demostraron contar con la capacidad logística necesaria para producir la cantidad de mineral vendida.

El análisis fiscal determinó que la falta de sustento documental y operativo conduce a una sola conclusión: “se concluyó que el oro proviene del delito de minería ilegal, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1373, Ley de Extinción de Dominio”. Esta norma regula la pérdida de derechos de propiedad sobre bienes relacionados con delitos, incluso sin una condena penal previa.

Desde la Fiscalía se explica que la extinción de dominio constituye “un mecanismo legal que permite a los operadores de justicia investigar y extinguir la propiedad de bienes adquiridos producto de actividades criminales”. El objetivo central apunta a recuperar estos bienes a favor del Estado y evitar su uso futuro en la comisión de delitos, dentro de una estrategia orientada a reducir el impacto económico de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal.

Un año marcado por expansión delictiva

El Observatorio de Minería Ilegal presentó un balance que evidencia un crecimiento persistente de la actividad extractiva ilegal en la Amazonía y la zona andino-amazónica del país. El incremento de dragas en ríos, la deforestación acelerada, la contaminación con mercurio y la destrucción del tejido social se consolidaron como riesgos cada vez más difíciles de contener.

Organizaciones como Conservación Amazónica–ACCA reportaron expansión en nueve regiones del país, afectando 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas. La deforestación acumulada vinculada a la minería artesanal y de pequeña escala llegó a 139 169 hectáreas, con Madre de Dios como epicentro del 97.5% del total.

El corredor minero y zonas como La Pampa concentran operaciones con 1 613 dragas activas este año —frente a 140 reportadas en 2021— y la participación de unos 6 400 mineros ilegales.

Loreto, Huánuco y la expansión en cuencas vulnerables

El avance no solo se limita a Madre de Dios. En Loreto, cuencas como el Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre presentaron 42 dragas operando en un solo día, y un total de 688 en el año.

En Huánuco, la deforestación vinculada a minería ilegal se triplicó en un año: pasó de 558 hectáreas en 2024 a 1 700 en 2025. Ríos como el Yuyapichis figuran entre los más afectados.

El Natural Resource Governance Institute (NRGI) advirtió que la expansión responde también a constantes respaldos legislativos, que generan incentivos favorables para redes criminales.