Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se pronunció sobre el suspendido fiscal José Domingo Pérez tras el archivo definitivo del caso ‘Cócteles’. Mencionó que el cierre del proceso representa una reivindicación no solo personal, sino para las 40 personas que fueron injustamente involucradas en una investigación que duró casi una década.
En entrevista con Trome, sostuvo que el fin del caso representa un “llamado de atención al sistema de justicia” y no descartó emprender acciones legales contra el exintegrante del desactivado equipo especial Lava Jato. “En mi caso estoy en una constante evaluación. En principio, no. Pero sí creo que este fiscal le ha hecho mucho daño, no solo a Fuerza Popular, sino a la democracia, al partido Aprista, a la familia del presidente García”, mencionó.
Respecto a los cuestionamientos sobre los diecisiete millones de dólares destinados a su campaña electoral en 2016, Fujimori reiteró que los fondos provinieron de empresarios nacionales y fueron destinados íntegramente a los medios de comunicación. “Jaime Yoshiyama desde el principio dijo que los aportes venían de empresarios nacionales y todos estos aportes fueron a medios de comunicación”, explicó.
Además, recalcó que los costos actuales de campaña han disminuido considerablemente gracias al financiamiento estatal para la propaganda en televisión y radio: “Hoy que hay el financiamiento del Estado para la propaganda en televisión y radio, pues es mucho más barato”.
Como se sabe, el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del caso ‘Cócteles’ tras acatar el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que aceptó la demanda presentada por la defensa de Fujimori y ordenó el cierre del proceso por falta de sustento legal y constitucional. El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró el sobreseimiento definitivo y levantó todas las medidas personales y reales impuestas a la excandidata presidencial y a los demás acusados.
El caso investigaba presuntos aportes ilegales a las campañas electorales de 2011 y 2016 de Fuerza Popular, señalando como supuestos financiadores a la empresa brasileña Odebrecht y a conglomerados económicos peruanos. La Fiscalía, representada por José Domingo Pérez, sostuvo que estos hechos constituían lavado de activos y organización criminal, y llegó a solicitar la disolución del partido político.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional enfatizó que no se estaba pronunciando sobre la inocencia o culpabilidad de Fujimori, sino que descartaba una acusación “sin respaldo legal ni constitucional”. La defensa, encabezada por Giuliana Loza, celebró la decisión y sostuvo que el proceso vulneró el debido proceso y que nunca existió el delito de lavado de activos ni organización criminal.
La abogada argumentó que antes de noviembre de 2016 no se consideraba delito recibir fondos para campañas políticas y cuestionó que la Fiscalía agregara nuevos elementos al expediente en 2018, afectando el derecho de defensa. La resolución judicial extendió los efectos del archivo a todos los coprocesados, incluyendo dirigentes y colaboradores de Fuerza Popular.
José Domingo Pérez fuera de la Fiscalía
En paralelo al cierre del caso, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público resolvió aplicar una medida de apartamiento preventivo contra el fiscal José Domingo Pérez durante seis meses. La ANC lo consideró responsable de presuntas faltas muy graves, señalando que no persiguió el delito con razonabilidad ni respetó el debido proceso en la investigación contra Fujimori y otros acusados.
El expediente oficial subraya que la acusación de Pérez fue devuelta por el Poder Judicial en diecinueve ocasiones por errores de forma y fondo, generando una demora de casi cuatro años en el proceso judicial. Además, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declaró nulo el auto de enjuiciamiento y retrotrajo el caso a una etapa anterior, mientras que el Tribunal Constitucional advirtió la vulneración del derecho de defensa por falta de congruencia procesal.
La ANC también señaló que Pérez continuó interviniendo en el proceso a pesar de impedimentos legales y realizó declaraciones públicas que, según el órgano de control, afectaron el deber de lealtad y el decoro institucional. La suspensión es de carácter preventivo, no definitiva, y durante este periodo el fiscal percibirá el ochenta por ciento de su salario mensual.
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