La congresista Ruth Luque informó este jueves el inicio de una recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, a quien acusa de “presionar” a jueces del caso Cayara, donde el Ejército es señalado por la ejecución extrajudicial de unos treinta campesinos en 1988.
La moción señala una “injerencia indebida en la función jurisdiccional” porque el parlamentario expuso a los jueces responsables de decidir sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos ese año y los amenazó con denuncias ante organismos de control judicial.
Según el documento, el pasado 12 de enero Rospigliosi publicó una columna en el diario Expreso en la que mencionó con nombre y apellido a los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata.
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En ese texto, los describió como magistrados con “pésimos antecedentes” y advirtió que, si no aplicaban la Ley 32107 —aprobada por el Congreso el año pasado y que limita los delitos de lesa humanidad—, debían ser denunciados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y penalmente.
El congresista afirmó que, si los magistrados no aplicaban la normativa, “deberían ser detenidos en flagrancia y enviados a prisión”. La moción considera que la presencia de un funcionario de alto rango del Congreso que emite tales amenazas y luego asiste virtualmente a la audiencia judicial constituye un acto de amedrentamiento incompatible con la neutralidad institucional.
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El texto recoge declaraciones posteriores de Rospigliosi, quien sostuvo que “si algún magistrado prevaricador, politizado y corrupto no aplica la ley, deberá ser sancionado de inmediato por la JNJ y por la OCMA y será denunciado penalmente por haber prevaricado”.
La moción sostiene que estas expresiones ejercen presión directa sobre los magistrados que aún no han resuelto la prescripción de los delitos imputados a los exmilitares Gino Espejo Lamas y Alejandro Avendaño Dávila, procesados por los hechos ocurridos en la localidad de Cayara (Ayacucho).
Durante la audiencia judicial del 12 de enero se registró la conexión virtual de Rospigliosi, por lo que, de acuerdo con la moción, esta secuencia de hechos ha generado preocupación en organizaciones del sector justicia como la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM).
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El documento destaca que la actuación del titular del Congreso contradice el deber de neutralidad propio del cargo y recuerda que, antes de ser fujimorista, reconoció la masacre de Cayara como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa también resalta que, tras estos hechos, la Sala Penal encargada del caso decidió postergar su pronunciamiento sobre la prescripción, lo que refuerza la sospecha de intento de presión política.
Controversia
En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Perú no aprobar la Ley 32107, al considerar que viola obligaciones internacionales. Sin embargo, el Gobierno de la exmandataria Dina Boluarte promulgó la norma, impulsada por bancadas aliadas al exdictador Alberto Fujimori y por exmiembros de las Fuerzas Armadas.
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Su aprobación impide procesar a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, con lo que queda excluido el periodo del conflicto armado interno (1980-2000) que causó más de 69.000 muertos.
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