Transportistas rechazan nuevas medidas del Gobierno contra extorsiones: “Es de imposible ejecución”

El dirigente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel O’Diana, expresó su frustración frente a las recientes decisiones gubernamentales destinadas a combatir el crimen en el sector.

Durante una conversación con Exitosa, O’Diana cuestionó la viabilidad de las acciones anunciadas por el presidente José Jerí, quien participó activamente en el paro general realizado por los transportistas este miércoles 14 de enero en Lima.

Según O’Diana, la propuesta de crear un comité de seguridad no representa una solución tangible y ya se había planteado sin resultados concretos desde noviembre.

“Ese decreto supremo que salió en el mes de noviembre y que casualmente ha generado la molestia y el reclamo de ayer porque todo lo que está ahí suena muy bonito y se ve muy bonito en un documento publicado en un decreto supremo supuestamente vigente desde noviembre del 2025, pero no está reglamentado”, afirmó el dirigente.

El líder gremial remarcó que la norma no detalla las funciones de sus integrantes ni especifica el presupuesto para su operatividad.

“Si no dice cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué ni cuál va a ser su fuente de financiamiento, que casualmente es lo que falta reglamentar. Suena muy bonito literalmente el documento, pero imposible de ejecución y ahora lo que se pide es que se ejecute, que se cumpla, que se ponga en funcionamiento. Así como esa norma, existen muchas otras en el Perú”, advirtió O’Diana.

A pesar de sus críticas, O’Diana respaldó la idea de prohibir la circulación de dos personas en una misma motocicleta, pues facilitaría la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) ante el aumento de extorsiones y ataques armados en el transporte público.

Nueva ley

Frente al creciente malestar en el sector, el presidente José Jerí anunció que la Ley 32490, destinada a mitigar la ola de extorsiones y sicariato contra el transporte urbano, entrará en vigor el próximo lunes 19 de enero.

La norma contempla la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), un equipo de élite conformado por policías, fiscales y jueces que deberán someterse a pruebas de polígrafo cada seis meses.

Además, operarán bajo un régimen especial de seguridad. Según el Gobierno, el GIES buscará fortalecer la respuesta frente a los ataques que sufren diariamente los trabajadores del transporte.

Entre las disposiciones más relevantes, la Ley 32490 incluye la implementación de un Fondo estatal de riesgo para respaldar económicamente a empresas y unidades afectadas por atentados.

Asimismo, promueve el uso de inteligencia financiera para rastrear pagos ilícitos realizados mediante billeteras digitales y cuentas bancarias, y la aplicación de la extinción de dominio exprés para incautar bienes y cuentas utilizadas en la recepción de dinero producto de extorsiones.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, informó que el decreto supremo prohibirá la circulación de motocicletas con dos ocupantes, una modalidad asociada frecuentemente con ataques armados.

La sanción para quienes infrinjan la norma será severa: la primera vez, se considerará falta muy grave y se restarán 50 puntos al récord del conductor; en una segunda infracción, la multa se duplicará y se descontarán 60 puntos adicionales, lo que implica perder la licencia de conducir.

“La segunda vez que vas en una moto con dos personas te quedas sin brevete. Entonces se espera desincentivar el comportamiento de uso para que pueda ser más fácil identificarlos”, precisó Prieto.

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