Fiscalizadora agredió a trabajadora durante inspección municipal: representante del negocio denuncia irregularidades y robo

Un caso de presunto abuso de autoridad y violencia por parte de fiscalizadores municipales ha conmocionado al distrito de Independencia, en Lima. La madrugada del 28 de diciembre, alrededor de veinte funcionarios identificados con chalecos de fiscalización ingresaron sin orden judicial a un local nocturno que opera como karaoke, ubicado cerca del centro comercial Mega Plaza. Según la denuncia, durante la intervención, una trabajadora fue agredida físicamente, hecho registrado por cámaras de seguridad, mientras los fiscalizadores procedían a romper puertas y sustraer bienes del establecimiento.

Las imágenes difundidas muestran cómo, en medio de la intervención, una de las fiscalizadoras propinó una bofetada a una trabajadora del local. La representante legal del establecimiento afirmó que los funcionarios actuaron de manera violenta, entrando sin mostrar documentos oficiales y dejando daños materiales. El hecho ha generado indignación y preocupación entre otros empresarios de la zona, quienes temen ser víctimas de procedimientos similares.

El caso fue presentado ante el noticiero Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, donde la representante del local y su abogado expusieron los detalles de la intervención, denunciando no solo la agresión física, sino también la sustracción de pertenencias y la falta de fundamentos legales para la clausura del negocio.

Fiscalizadores ingresaron al local sin presentar ningún documento

La representante del karaoke relató que el operativo se desarrolló con extrema violencia. “Han venido, han hecho lo que han querido, se han llevado cosas, todo está registrado en cámara. Han roto la chapa, la puerta. Han entrado de una forma muy violenta”, explicó la vocera. Sin ninguna documentación a la vista, los fiscalizadores ingresaron y, según la denuncia, no presentaron ninguna orden ni motivo formal para la intervención.

Consultada sobre la orden de intervención, la representante aseguró que no existía ningún documento oficial entregado en el momento. “En un momento me acerco y pregunto: ‘¿Dónde está el documento o algo? ¿Por qué están haciendo esto?’. Me respondieron que las ordenanzas municipales lo permiten, pero no tenían nada”, detalló. En el acta, según la denunciante, figuraba la firma de una funcionaria que no estuvo presente en la intervención.

La vocera también señaló que la documentación exigida por la municipalidad, como la licencia de funcionamiento y los certificados de defensa civil, estaba vigente y disponible para revisión. A pesar de ello, los fiscalizadores dejaron un acta con afirmaciones imprecisas y procedieron a clausurar el local. “Tenemos licencia y defensa civil, por lo que no entendemos el sentido de la clausura”, afirmó la representante.

Fiscalizadores clausuraron local pese a contar con licencia y defensa civil

En el documento de clausura, los fiscalizadores argumentaron la inexistencia de licencia y defensa civil, acusación que la representante rechaza con documentos en mano. “Nunca solicitaron revisar ni los papeles ni los permisos, simplemente irrumpieron y dejaron el acta”, explicó la afectada. La intervención se realizó sin diálogo previo ni verificación de la situación administrativa del local.

El abogado de la representante sostuvo ante Buenos Días Perú que se adjuntó toda la documentación requerida a la denuncia formal presentada ante la municipalidad de Independencia. Se entregaron copias de la licencia municipal de funcionamiento y de los certificados necesarios para operar como karaoke. Ante ello, la municipalidad debió restituir el derecho a operar, dado que la clausura se realizó sin haberse realizado la notificación previa y sin causa justificada.

La defensa legal sostiene que la actuación de los fiscalizadores viola el derecho constitucional al debido proceso. “En términos penales, se ha denunciado al alcalde por abuso de autoridad y hurto”, señaló el abogado, quien añadió que la política de fiscalización actual perjudica a cientos de negocios en la zona, generando una atmósfera de incertidumbre para los emprendedores.

Denuncian robo de pertenencias y graves consecuencias para el local

Además de la agresión física, la representante denunció la desaparición de bienes y pertenencias personales durante la intervención. “Han desaparecido cargadores, una cámara, el VTR no se encontró. A una de las trabajadoras, a quien agredieron, le sacaron cosas de la cartera, incluso su teléfono, documentos y dinero”, detalló. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, aunque los fiscalizadores intentaron manipular los equipos para evitar dejar evidencia.

La pérdida de estos bienes no solo representa un daño económico inmediato, sino que también pone en evidencia prácticas irregulares durante los procedimientos municipales. Según el abogado, los elementos de fiscalización y serenazgo “violentaron la norma, no solo clausurando ilegalmente sino también sustrayendo objetos personales y comerciales”.

El local permaneció clausurado durante dieciocho días, lo que generó considerables pérdidas económicas para el negocio. “En estos dieciocho días, la propietaria dejó de percibir ingresos, lo que afecta no solo a su familia, sino también a los trabajadores y a la economía local”, advirtió el abogado. Esta situación se repite, según la denuncia, en otros establecimientos nocturnos de la zona, cuyas actividades se ven amenazadas por procedimientos similares.

Denuncia presentada involucra al alcalde y a funcionarios municipales

Tras la intervención, la defensa legal del local denunció formalmente los hechos ante la municipalidad de Independencia, acusando abuso de autoridad e hurto, en base a los artículos 376 y 185 del Código Penal. El abogado explicó que la denuncia alcanza al alcalde, por su calidad de representante legal del municipio, y a la subgerenta de fiscalización, identificada como responsable de autorizar el operativo.

La municipalidad respondió devolviendo la autorización para que el local retome su actividad, luego de admitir irregularidades en el procedimiento. Sin embargo, la defensa anunció que se iniciarán acciones por daños y perjuicios en la vía civil, así como la correspondiente acción penal. “No se puede permitir que la autoridad municipal sobrepase los límites legales”, enfatizó el abogado.

El caso ha generado preocupación entre los propietarios de negocios nocturnos de Independencia y distritos vecinos. El abogado invitó públicamente a otros emprendedores afectados a unirse para ejercer presión colectiva y evitar que se repitan estos hechos. “La política de fiscalización está destruyendo la inversión privada y ahogando el emprendimiento en la zona”, concluyó. La atención pública y mediática sobre este caso busca sentar un precedente y exigir a las autoridades municipales el respeto estricto de los derechos ciudadanos y el debido proceso.